La seguridad de las mujeres acogidas al sistema de protección por violencia de género ha enfrentado brechas críticas de seguridad debido a una gestión deficiente en los dispositivos de control telemático. Un reciente análisis del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que el despliegue de las pulseras de alejamiento no solo careció de la planificación necesaria, sino que operó con tecnología obsoleta o defectuosa en momentos clave, comprometiendo la integridad física de las usuarias.
Vulnerabilidades técnicas: Cuando el GPS pone en riesgo vidas
El núcleo del problema reside en la fiabilidad tecnológica de los terminales. Según la auditoría, los dispositivos sufrieron interrupciones constantes que derivaron en situaciones de alto riesgo. Estos fallos no fueron incidentes aislados, sino un patrón detectado durante la ejecución de los contratos más recientes del Ministerio de Igualdad.
- Geolocalización imprecisa: Errores en el posicionamiento que facilitaron que agresores quebrantaran la distancia de seguridad sin ser detectados a tiempo.
- Autonomía insuficiente: Baterías con una vida útil por debajo de lo exigible, obligando a cargas constantes que merman la efectividad del control.
- Retrasos logísticos: Una gestión lenta en la reparación y sustitución de equipos averiados.
- Interrupciones del servicio: Caídas del sistema que dejaron a víctimas sin monitorización activa durante periodos indeterminados.
La parálisis administrativa y el vacío de información judicial
Más allá de los errores de hardware, la gestión administrativa ha sido señalada por su falta de previsión estratégica. El informe destaca que los contratos firmados en 2018 y 2021 no contemplaron un «Plan de Transición». Esta omisión técnica impidió que, al cambiar de empresa proveedora, la información histórica de los agresores fuera accesible de inmediato.
Este agujero negro documental tuvo consecuencias directas en la justicia: un total de 123 requerimientos judiciales quedaron bloqueados por la imposibilidad de acceder a los datos almacenados por la anterior adjudicataria. No fue hasta finales de 2024 cuando se activaron protocolos para solventar esta desconexión, evidenciando una descoordinación institucional que afectó el seguimiento de medidas cautelares y penas de libertad vigilada.
Inversión de 102 millones bajo sospecha de eficiencia
El gasto destinado a la protección telemática no es menor. Los contratos analizados suman una inversión total de 102,6 millones de euros, financiados en parte por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, el alto presupuesto no ha garantizado la robustez del sistema.
Un dato alarmante que arroja la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es el volumen de material inutilizado desde el inicio del contrato en 2023. Se contabilizan casi 800 brazaletes perdidos o robados y más de 3.200 considerados como rotos irrecuperables. En cuanto a los terminales en manos de los agresores, las cifras escalan hasta los 6.795 dispositivos destruidos, lo que sugiere un sabotaje sistemático o un mantenimiento extremadamente precario del equipamiento.
Hacia un nuevo paradigma: Priorizar la seguridad sobre el coste
La conclusión del organismo fiscalizador es contundente: en la lucha contra la violencia machista, la eficiencia económica no puede primar sobre la calidad técnica. Se insta a las administraciones a que las licitaciones futuras exijan el uso de la mejor tecnología disponible en el mercado, minimizando al máximo los márgenes de error que hoy permiten el acercamiento físico de los maltratadores.
Aunque desde la Secretaría de Estado de Igualdad se defienden avances como la titularidad pública de los equipos y la inclusión de botones del pánico, la auditoría externa realizada en 2025 confirmó «vulnerabilidades críticas». La lección para el futuro es clara: la protección de las víctimas requiere un blindaje tecnológico sin fisuras y una planificación que garantice la continuidad del servicio ante cualquier cambio de proveedor.