El Tribunal Supremo sella el destino judicial de Pedro Antonio Sánchez
Se agota definitivamente el recorrido judicial para el que fuera presidente de la Región de Murcia. El Tribunal Supremo ha ratificado de manera íntegra la sentencia que impone tres años de prisión y un total de 17 años de inhabilitación para Pedro Antonio Sánchez. El fallo confirma su responsabilidad directa en delitos de prevaricación y falsedad documental, vinculados a la gestión del polémico auditorio de Puerto Lumbreras durante su etapa como regidor municipal.
Esta resolución judicial pone punto final a un proceso que no solo ha marcado la carrera política del exdirigente del Partido Popular, sino que también supuso un terremoto institucional en Murcia, forzando su dimisión en el año 2017. Los magistrados han sido contundentes al desestimar los recursos de la defensa, validando la tesis de que el entonces alcalde era plenamente consciente de las irregularidades administrativas que estaba validando con su firma.
Una gestión marcada por la arbitrariedad y los encargos verbales
El núcleo del caso reside en la absoluta falta de transparencia y rigor en la tramitación del proyecto cultural. Según la sentencia, Sánchez orquestó un sistema de contratación paralelo. Sin que mediara un expediente administrativo formal, el exalcalde realizó encargos verbales a un arquitecto para la redacción de un anteproyecto y un diseño básico. El objetivo principal no era la viabilidad de la obra, sino asegurar la obtención de una subvención pública de seis millones de euros procedente de las arcas autonómicas.
La justicia destaca varios puntos críticos que demuestran la voluntad de eludir la legalidad:
- Uso de proyectos que nunca pasaron por el registro municipal ni contaron con el visado oficial del Colegio de Arquitectos.
- Afirmaciones falsas sobre la titularidad y disponibilidad de los terrenos donde se ubicaría el edificio de 10.000 metros cuadrados.
- Inexistencia de convenios urbanísticos que respaldaran legalmente la cesión de la parcela mencionada en las comunicaciones oficiales.
Subvenciones cobradas por obras inexistentes
Uno de los aspectos más graves que subraya el Alto Tribunal es la solicitud y recepción de fondos públicos bajo premisas engañosas. En diciembre de 2007, Pedro Antonio Sánchez reclamó a la administración regional el abono de una parte de la ayuda económica alegando que las obras avanzaban según el ritmo previsto. Sin embargo, la realidad era que no se había iniciado la ejecución de la infraestructura, ni siquiera se había abierto el concurso de proyectos o el expediente de licitación correspondiente.
Incluso cuando los técnicos advirtieron sobre la inviabilidad económica y técnica del auditorio, el condenado, en connivencia con otros responsables, optó por modificar el proyecto original. Esta maniobra no buscaba finalizar la obra, sino crear una apariencia de legalidad que evitara tener que devolver la subvención millonaria, dejando el proyecto abandonado y sin utilidad para los ciudadanos de Puerto Lumbreras.
Responsabilidades compartidas: El arquitecto y la fe pública
La sentencia firme no solo afecta al expresidente murciano. El Tribunal Supremo también ha mantenido las penas para los colaboradores necesarios en esta trama de corrupción. El arquitecto Martín Lejarraga se enfrenta a una inhabilitación especial de 16 años y seis meses, al considerarse probado su papel fundamental en la elaboración de documentos que facilitaron la prevaricación.
Por su parte, la secretaria accidental del consistorio lumbrerense ha visto parcialmente estimado su recurso, aunque se mantiene su condena por cooperación necesaria. Su castigo se ha ajustado para especificar que no podrá desempeñar cargos relacionados con la fe pública, el asesoramiento legal o la intervención técnico-jurídica en cualquier administración pública durante el tiempo de su inhabilitación. Con este fallo, la justicia cierra uno de los capítulos más oscuros de la gestión pública en el Levante español, reforzando la vigilancia sobre el uso discrecional de las subvenciones regionales.