La Cámara Baja ha escenificado un rechazo frontal a la estrategia de Vox de revertir los avances legislativos en materia de protección familiar. Durante la reciente sesión plenaria, la enmienda a la totalidad presentada por el partido de Santiago Abascal contra el proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria no solo fue desestimada, sino que provocó un cierre de filas del resto del arco parlamentario, incluyendo un distanciamiento explícito por parte del Partido Popular.
El aislamiento de Vox ante el consenso sobre la violencia machista
La confrontación dialéctica en el Congreso de los Diputados ha dejado claro que la visión de Vox sobre la violencia que se ejerce contra los hijos para dañar a las madres no encuentra eco en el resto de las formaciones. Mientras que el grupo proponente argumenta una supuesta discriminación por razón de sexo, el resto de los partidos coinciden en que la violencia vicaria es una extensión cruel de la desigualdad estructural.
Desde las filas del Partido Popular, la diputada Marta González fue tajante al desmarcarse de sus habituales socios de acuerdos en otras instituciones. Los populares acusaron a la formación de Abascal de presentar una visión sesgada que ignora la especificidad de las víctimas, subrayando que es posible ejercer una oposición crítica al Ejecutivo sin por ello caer en el negacionismo de las violencias que sufren las mujeres y sus hijos.
Debate ideológico: El concepto de ‘ideología de género’ frente a la estadística
La defensa de la enmienda por parte de Vox, liderada por María de los Reyes Romero, se centró en atacar lo que denominan «religión oficial» o ideología de género. Según su planteamiento, la normativa actual parte de una premisa injusta que presupone la culpabilidad del varón por el mero hecho de serlo. Para ilustrar su postura, la formación recurrió a los siguientes puntos de análisis:
- La supuesta invisibilización de los filicidios cometidos por mujeres, citando datos del Ministerio de Justicia que sitúan este porcentaje en un 52% entre 2007 y 2022.
- La comparación de casos mediáticos para denunciar una asimetría penal, mencionando sucesos trágicos donde las madres fueron las autoras de los crímenes.
- La crítica a lo que consideran un trato desigual ante delitos de idéntica gravedad dependiendo del sexo del progenitor.
Respuesta del bloque gubernamental y socios de investidura
Por parte del PSOE, la respuesta se centró en la necesidad de ofrecer seguridad jurídica y protección efectiva. Milena Herrera defendió que la ley es una herramienta pionera y necesaria para que los menores no sean utilizados como «armas de castigo». Desde el grupo socialista se aclaró que el ordenamiento jurídico ya castiga con severidad a cualquier progenitor que acabe con la vida de su hijo, pero que la violencia vicaria requiere un enfoque específico cuando se enmarca en una relación de poder y control machista.
Otras formaciones como Sumar y Podemos elevaron el tono de la crítica, acusando a Vox de instrumentalizar el dolor de la infancia para alimentar batallas culturales. Se recordó que, desde que existen registros oficiales, decenas de menores han perdido la vida en el contexto de la violencia de género, una realidad que requiere recursos públicos y no solo discursos parlamentarios.
Un diagnóstico plural contra la ‘instrumentalización de la infancia’
El rechazo a la enmienda fue secundado por partidos como ERC, PNV y BNG, quienes calificaron la propuesta de Vox como una distorsión de los derechos humanos. El argumento común entre estas fuerzas es que el negacionismo de la violencia estructural no solo es un error político, sino un peligro social que desprotege a los más vulnerables. Desde Compromís se enfatizó que este fenómeno no es un simple conflicto doméstico, sino una manifestación de dominación que utiliza «lo más sagrado», que es el cuidado de los hijos, para perpetuar el daño psicológico a la mujer.
Con la caída de esta enmienda, el proyecto de ley continúa su tramitación parlamentaria, centrando ahora el foco en la dotación de recursos y la mejora de los protocolos de detección temprana, con el objetivo de garantizar que las alarmas de las madres sean escuchadas antes de que se produzca una tragedia irreparable.