La situación penitenciaria de Idoia Mendizabal Mujika ha dado un giro jurídico tras la intervención de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha decidido impugnar formalmente la progresión al tercer grado que había sido autorizada previamente por el Gobierno vasco, lo que supone la paralización automática de su régimen de semilibertad.
Suspensión inmediata del régimen de semilibertad
El recurso, que se hizo efectivo el pasado 1 de octubre, activa una cláusula de efecto suspensivo. Esto implica que la presa debe regresar a la clasificación de segundo grado mientras los órganos judiciales competentes resuelven el fondo del asunto. Mendizabal, quien desarrolla su condena en el centro penitenciario de Zubieta, ya disfrutaba de ciertas flexibilidades gracias al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, permitiéndole salidas laborales o de voluntariado durante la semana.
Esta decisión judicial pone de manifiesto la discrepancia de criterios entre la administración penitenciaria vasca y la Audiencia Nacional en lo referente al cumplimiento de las penas de reclusos vinculados a la banda terrorista ETA, especialmente en casos con historiales delictivos de extrema gravedad.
Un historial delictivo marcado por el ‘comando Olaia’
La trayectoria criminal de Idoia Mendizabal está ligada a algunos de los episodios más violentos de principios de los años 2000. Como integrante del comando Olaia, operó junto a figuras destacadas de la organización como ‘Txeroki’. Su condena principal asciende a 377 años de prisión, derivada fundamentalmente del intento de asesinato de Esther Cabezudo, quien fuera teniente de alcalde en Barakaldo.
Además de esta condena, el expediente judicial de Mendizabal incluye múltiples sentencias por actividades terroristas de diversa índole:
- Tentativas de asesinato: Se le atribuyen 20 cargos en grado de tentativa por el ataque con explosivos en Barakaldo en 2002.
- Ataques con explosivos: Fue sentenciada a 20 años por un atentado en Santander y otros 10 años por intentar atacar la Bolsa de Bilbao.
- Acciones de violencia callejera: Cuenta con una pena de 25 años por el lanzamiento de artefactos incendiarios contra el domicilio de un agente de la Ertzaintza en 1998.
- Justicia internacional: Tras su captura en 2005 en la localidad francesa de Aurillac, cumplió ocho años adicionales de condena impuestos por los tribunales de Francia.
La respuesta del entorno de los presos
La reacción a este movimiento de la Fiscalía no se ha hecho esperar desde los sectores de apoyo a los reclusos. La plataforma Sare ha calificado el recurso como una medida basada en la «venganza» más que en el estricto derecho penal. Según este colectivo, las decisiones judiciales actuales estarían condicionadas por el calendario político y electoral, alejándose de una interpretación humanitaria de la ley penitenciaria.
El caso de Mendizabal se suma a una serie de recursos interpuestos por la Fiscalía que cuestionan las decisiones del Gobierno vasco desde que asumió las competencias de prisiones. El debate central sigue residiendo en los requisitos necesarios para acceder a la semilibertad, como el arrepentimiento explícito y la colaboración con la justicia, elementos que la Audiencia Nacional suele examinar con rigurosidad antes de ratificar cualquier beneficio penitenciario.
Por ahora, la reclusa permanecerá bajo el régimen ordinario, a la espera de que la Sala de lo Penal dicte una resolución definitiva sobre si su evolución personal y el cumplimiento de su condena justifican, o no, el retorno al tercer grado.