A escasos cuatro días de que las urnas marquen el rumbo político del país, las calles de Madrid se preparan para una de las jornadas más simbólicas y tensas del calendario social: el 25 de noviembre. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no será este año una efeméride más, sino que funcionará como el epicentro del debate político en la recta final de la campaña electoral. La coincidencia cronológica eleva la presión sobre los partidos, situando la protección de las mujeres en el foco del escrutinio público antes de la cita del 29 de noviembre.
Un mapa de movilización fragmentado en la capital
La unidad de acción vuelve a ser la gran ausente en la capital española. Por tercer año consecutivo, el activismo feminista se presentará dividido en dos grandes bloques con itinerarios y discursos diferenciados. Las organizaciones principales —Comisión 8M por un lado, y el Foro de Madrid 25N junto al Movimiento Feminista de Madrid por otro— han diseñado estrategias de visibilización que, aunque comparten el rechazo a la violencia machista, difieren profundamente en sus prioridades ideológicas.
Si atendemos a los precedentes, la participación se prevé masiva pero distribuida. El año pasado, las cifras oficiales de la Delegación del Gobierno estimaron una asistencia total de unas 5.000 personas entre ambas marchas, aunque las entidades organizadoras elevaron ese recuento hasta las 15.000, evidenciando la brecha de percepción habitual en estos eventos. Esta atomización del movimiento refleja las tensiones internas que atraviesa el feminismo actual, donde el debate sobre la ley abolicionista y la identidad de género marca una línea divisoria clara.
Abolicionismo y protección institucional: El bloque del Foro 25N
La convocatoria liderada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid pondrá el acento en lo que consideran «negligencias institucionales». Su discurso se centra en la exigencia de políticas más contundentes contra la explotación reproductiva y el sistema prostitucional. Para estas plataformas, la lucha contra la violencia no puede separarse de la erradicación del mercado de cuerpos.
- Ley Abolicionista: Exigencia de un marco legal que persiga el proxenetismo y la explotación sexual.
- Violencia Digital: Alarma ante la pornografía como escuela de violencia sexual para los más jóvenes.
- Justicia de Familia: Denuncia de las visitas concedidas a progenitores con procesos penales abiertos por violencia de género.
- Crítica Institucional: Denuncia de la administración de fármacos bloqueadores en menores sanos como forma de violencia.
De lo local a lo global: La visión de la Comisión 8M
Desde una perspectiva más transversal, la Comisión 8M plantea su movilización bajo el lema de la lucha contra la violencia racista y patriarcal. Su enfoque no se limita a las fronteras nacionales, sino que vincula la opresión de la mujer con las políticas coloniales y los conflictos internacionales. Esta facción del feminismo madrileño integra en su manifiesto una fuerte carga de denuncia social y geopolítica.
Para la Comisión 8M, la violencia estructural está directamente relacionada con los recortes en servicios públicos y el aumento del gasto militar. En su discurso, el «genocidio» en Gaza o la situación en el Sáhara Occidental no son temas ajenos al feminismo, sino ejemplos de cómo el patriarcado y el colonialismo se retroalimentan. Asimismo, rechazan frontalmente lo que denominan la «instrumentalización» del feminismo por parte de sectores conservadores para propagar discursos de odio contra personas racializadas.
El equilibrio institucional frente a las urnas
En este escenario de fractura y cercanía electoral, la postura del Ministerio de Igualdad es de una calculada neutralidad operativa. La ministra Ana Redondo ha manifestado su intención de tener presencia en ambas convocatorias. Este movimiento busca proyectar una imagen de compromiso unitario del Gobierno con la causa feminista, tratando de suturar, al menos simbólicamente, la brecha que separa a los diferentes colectivos.
La jornada del 25N servirá, por tanto, como un termómetro social de primer orden. Las reivindicaciones que resuenen en las calles de Madrid —desde la abolición de la prostitución hasta la crítica al sistema sanitario— influirán inevitablemente en el ánimo de los votantes. En un momento donde el negacionismo de la violencia de género intenta ganar terreno en las instituciones, el feminismo madrileño, aun dividido, reclama su papel como agente político ineludible en la configuración de la próxima legislatura.
En conclusión, el 25N se presenta como una prueba de fuego para el movimiento y para los partidos que aspiran a gobernarlo. La capacidad de movilización en plena campaña electoral determinará si la agenda de género sigue siendo el motor de transformación social más potente de España o si la fragmentación interna debilita su capacidad de interlocución con el poder.