El horizonte judicial del Gobierno y de antiguos socios de coalición se complica con la nueva disposición del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. En un movimiento que busca arrojar luz sobre las concesiones financieras a la aerolínea de Globalia, el magistrado José María Escribano ha formalizado una lista de comparecencias que sitúa en el foco a la actual ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al exreferente de Sumar, Íñigo Errejón, quienes deberán personarse en sede judicial durante la penúltima semana de noviembre.
Un calendario judicial marcado por testificales de alto perfil
Las jornadas del 23 y 24 de noviembre se perfilan como fechas determinantes para el avance de la instrucción. El juez ha diseñado un cronograma de declaraciones que no solo incluye a la cúpula del Ministerio para la Transición Ecológica, sino que extiende su radio de acción hacia otros estamentos del aparato estatal. Entre los nombres citados en la providencia judicial figuran perfiles técnicos y políticos de gran relevancia como Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos en Moncloa, y Pedro Saura, quien fuera secretario de Estado de Transportes.
La lista de testigos se completa con una decena de cargos vinculados a la gestión de las ayudas, entre los que destacan Raúl Blanco, Ana de la Cueva y Pilar Paneque. La presencia de Íñigo Errejón en este listado añade una dimensión política adicional a la causa, en un momento donde la fiscalización de los fondos públicos destinados al salvamento de empresas estratégicas durante la pandemia se encuentra bajo un escrutinio mediático y judicial sin precedentes.
El origen de las pesquisas: la conexión con el holding Globalia
Este proceso, que experimentó una reactivación formal el pasado mes de abril, tiene como uno de sus ejes principales la actuación de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). El magistrado ha centrado parte de sus esfuerzos en desentrañar las gestiones realizadas por Bartolomé Lora, exvicepresidente del organismo público, quien ya ha comparecido ante el tribunal en calidad de investigado.
- Análisis de los encuentros mantenidos entre la administración pública y la dirección de Globalia.
- Verificación de la transparencia en los procesos de agilización de las ayudas millonarias.
- Identificación de los intermediarios y representantes del Ministerio de Economía que participaron en las mesas de negociación.
La investigación trata de determinar si las reuniones mantenidas con Javier Hidalgo, figura clave de la matriz de Air Europa, se ajustaron a los cauces legales o si, por el contrario, existieron irregularidades en la obtención de información privilegiada que permitiera acelerar el desembolso de los fondos públicos.
Implicaciones administrativas y transparencia pública
Hasta la fecha, las defensas de los implicados han sostenido que todos los encuentros y trámites se realizaron con el objetivo único de salvaguardar la operatividad de la aerolínea, considerada un activo estratégico para la economía nacional. No obstante, el magistrado Escribano busca contrastar estas versiones con los testimonios de los nuevos citados, quienes ocupaban puestos de responsabilidad directa o indirecta en los ministerios y organismos que dieron el visto bueno a la operación.
La reapertura de este caso subraya la voluntad de la justicia madrileña de auditar con rigor el uso de los mecanismos de rescate financiero. Con las próximas declaraciones de Sara Aagesen y el resto de los convocados, el juzgado espera cerrar el círculo sobre cómo se fraguó uno de los salvamentos empresariales más polémicos de la historia reciente de España, garantizando que el flujo de capital estatal cumplió con todos los requisitos de objetividad e imparcialidad exigidos por la ley.