La política habitacional en el municipio de Rivas-Vaciamadrid ha tomado un rumbo que despierta intensos debates sobre la gestión del patrimonio público. Bajo el paraguas del denominado programa Cohabita, el ejecutivo local ha consolidado una estrategia que prioriza la cesión de recursos a entidades específicas, generando una brecha de opinión entre quienes ven un modelo de innovación social y quienes denuncian un trato de favor institucional hacia sectores ideológicamente afines.
Privilegios fiscales y urbanismo a la carta en Rivas
El núcleo de la controversia reside en las condiciones extraordinarias otorgadas a tres cooperativas principales: La Corrala, Taray y Cosmos. Estas entidades no solo han obtenido el uso gratuito de más de 13.000 metros cuadrados de suelo municipal por un periodo de 75 años, sino que además disfrutan de un blindaje económico que compromete las arcas públicas. La declaración de estas promociones como de «especial interés municipal» ha permitido aplicar una bonificación del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Más allá del ahorro impositivo, la flexibilidad en la normativa urbanística ha sido un factor determinante. Se han tramitado estudios de detalle que permiten una adaptación elástica de volúmenes y alturas. Un ejemplo notable es el proyecto Taray, que tras ser anunciado inicialmente con una configuración de dos plantas, ha visto alterada su envergadura estructural mediante herramientas de flexibilidad urbanística aprobadas en sede plenaria.
Las cooperativas bajo la lupa: ¿Vivienda social o red de influencia?
La oposición municipal y diversos sectores críticos cuestionan si este despliegue de facilidades responde a una necesidad habitacional real o a una estrategia para beneficiar a colectivos cercanos a la órbita de Izquierda Unida y el Sindicato de Inquilinos. Entre los proyectos destacados se encuentran:
- La Corrala: Un proyecto de cohousing senior ubicado en la calle Guillermina Medrano que ya cuenta con licencia definitiva.
- Taray: Edificio de 30 viviendas colaborativas en la calle Princesa Wallada, impulsado con el voto favorable de la coalición de gobierno y el PSOE.
- Cosmos: Alojamiento para personas mayores que también ha recibido el estatus de utilidad pública para maximizar sus beneficios fiscales.
Este ecosistema cooperativo se agrupa en torno a la plataforma Coovivir, vinculada a foros donde participan organizaciones que mantienen un discurso combativo contra la propiedad privada, lo que genera una paradoja administrativa: mientras se critica el mercado inmobiliario, se facilita el control de suelo público a grupos privados por casi un siglo.
El fantasma de Covivar y el negocio del ladrillo cooperativo
Para entender la suspicacia actual, es necesario mirar hacia la década de los 80 con el precedente de Covivar. En aquel entonces, cooperativas ligadas a sindicatos como UGT y CCOO facilitaron el acceso a viviendas a precios reducidos que, con el paso del tiempo, se han convertido en activos de alto valor en el mercado libre. Las críticas actuales sugieren que el modelo de Rivas podría estar repitiendo este patrón: se entrega suelo público gratis hoy para que, en el futuro, los beneficiarios puedan capitalizar el encarecimiento de la vivienda.
Las fuentes municipales contrarias a esta gestión advierten que el acceso a estas cooperativas no es universal, sino que parece estar restringido a círculos de confianza, permitiendo que «los suyos» adquieran inmuebles en condiciones imbatibles que más tarde podrían revalorizarse de forma astronómica. Esta dinámica transforma el suelo de todos en una herramienta de capitalización para unos pocos.
Conclusión: Una fractura política evidente
La gestión de la alcaldesa Aída Castillejo y su coalición con Más Madrid y Verdes Equo ha trazado una línea divisoria clara en el consistorio. Mientras el bloque de izquierdas defiende el cohousing como el futuro de la convivencia urbana, PP y Vox denuncian un vaciamiento del patrimonio ripense. La falta de consenso en las votaciones de los últimos plenos refleja que la vivienda en Rivas ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en una batalla ideológica por el control y la distribución del suelo público.