La tensión acumulada en la madrileña Puerta del Sol desde finales de septiembre ha saltado definitivamente del asfalto a los juzgados. La formación Vox ha formalizado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, una ofensiva legal que no solo apunta a los activistas que lideran la acampada, sino que escala hasta la máxima autoridad de seguridad en la región: el Delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Ofensiva judicial contra la pasividad institucional
El núcleo de la denuncia presentada por el equipo jurídico de Vox sostiene que existe una omisión flagrante del deber de perseguir delitos. Según el texto, el Delegado del Gobierno habría incurrido en prevaricación administrativa al permitir que una protesta sin autorización se convierta en un asentamiento permanente en pleno kilómetro cero. La formación argumenta que la autoridad estatal ha mirado hacia otro lado mientras se consolidaba una reunión ilícita que altera el orden público y la convivencia ciudadana.
La querella identifica con nombres y apellidos a varios portavoces del Sindicato de Inquilinas y de la Coordinadora Juvenil Socialista, entre ellos Valeria Racu, Alicia del Río y Carlota F., a quienes se señala como promotores de una acampada que consideran ilegal. Vox exige que se determine si existe una estructura organizada que ha facilitado la permanencia de personas con objetos peligrosos y que ha desafiado las normativas municipales de ocupación de la vía pública.
El cerco a la libertad de prensa en la Puerta del Sol
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la recopilación de agresiones a periodistas que cubrían los eventos. Para Vox, los ataques a profesionales de la información no son hechos aislados, sino consecuencia directa de la falta de control en el campamento. La formación solicita que se identifique a los responsables de diversos incidentes violentos, aclarando que la responsabilidad penal debe recaer en los agresores específicos y en quienes, como organizadores, no evitaron estas situaciones.
- Agresiones físicas: Se detalla el ataque a un cámara de «Código 10» (Cuatro), quien sufrió patadas y el destrozo de su material de trabajo el 28 de septiembre.
- Acoso y persecución: Equipos de EDA TV y periodistas como Vito Quiles tuvieron que ser escoltados por la policía tras enfrentamientos físicos en calles aledañas.
- Censura mediante la fuerza: Reporteros de programas como «Horizonte» o Telemadrid han denunciado empujones y el uso de paraguas para impedir grabaciones en directo, vulnerando el derecho a la información.
- Intentos de linchamiento: La querella menciona el caso de un redactor de Libertad Digital que precisó evacuación policial ante la agresividad de un grupo de manifestantes.
Pruebas periciales y daños al patrimonio
Más allá de la violencia física, la acción legal pone el foco en la degradación del espacio urbano. Vox ha solicitado al juzgado que se aseguren las grabaciones de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. El objetivo es realizar un peritaje técnico que cuantifique los daños materiales sufridos en monumentos icónicos como la Real Casa de Correos o la estatua del Oso y el Madroño.
Asimismo, se ha pedido que se incorporen a la causa los atestados policiales que documenten la aprehensión de armas blancas, como cuchillos, o piedras dentro del perímetro de la acampada. Estos elementos refuerzan la tesis de que el entorno se ha convertido en un foco de inseguridad ciudadana donde se han registrado, incluso según testimonios de los propios acampados, robos y la presencia de individuos armados con palos.
Conclusión: Un conflicto de derechos fundamentales
Este movimiento jurídico plantea un debate profundo sobre los límites del derecho a la manifestación frente a la legalidad administrativa y la seguridad pública. Mientras los colectivos sociales defienden su derecho a la protesta por el acceso a la vivienda, la denuncia de Vox sitúa el foco en la responsabilidad del Estado para garantizar que el espacio público no sea secuestrado por grupos que ignoran las normas comunes. La resolución de esta querella marcará un precedente sobre cómo deben actuar las autoridades ante ocupaciones prolongadas en el centro de las grandes capitales españolas.