El panorama judicial español experimenta un vuelco estratégico tras el último movimiento del Tribunal de Cuentas. Al decidir amnistiar a los 35 ex altos cargos de la Generalitat implicados en los gastos del referéndum de 2017 y la promoción exterior de la independencia, se ha abierto una nueva fase de exigencia política. Esta resolución no solo supone un alivio financiero para las familias de los encausados, sino que actúa como una palanca de presión directa sobre las altas instancias judiciales que aún mantienen procesos abiertos.
El foco de tensión se traslada al Tribunal Supremo
Con la causa contable desactivada, el independentismo ha unificado su discurso para señalar al Tribunal Supremo como el siguiente eslabón que debe ceder. Jordi Turull, secretario general de Junts, ha sido contundente al calificar la decisión como una enmienda a las políticas de castigo patrimonial. Desde su perspectiva, ya no existen excusas legales para que figuras como Carles Puigdemont, Toni Comín o Lluís Puig sigan bajo el radar de la justicia ordinaria.
La estrategia de Junts se centra ahora en denunciar la «resistencia» judicial. Para la formación, el cierre de la carpeta en el Tribunal de Cuentas demuestra que la ley de amnistía debe aplicarse sin dilaciones ni interpretaciones restrictivas que impidan el retorno de quienes se encuentran fuera de España. El argumento principal es que lo ocurrido no es un acto de perdón, sino de reparación democrática ante lo que consideran una persecución desproporcionada.
ERC y el laberinto judicial de los mandos intermedios
Mientras Junts pone el foco en el exilio, Esquerra Republicana (ERC) ha ampliado el radio de acción de sus exigencias. En un comunicado reciente, la formación republicana ha instado a que la amnistía sea «inmediata e integral», mencionando específicamente los casos que gestiona el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
- Josep Maria Jové: Pendiente de la aplicación efectiva de la norma por su papel logístico en el 1-O.
- Lluís Salvadó: Cuya situación procesal sigue vinculada a la estructura de la administración tributaria catalana.
- Derechos políticos: ERC insiste en que la ley debe servir para restituir plenamente la capacidad de representación de todos los represaliados.
Para los republicanos, cualquier retraso en la aplicación de la norma es una «anomalía democrática» que perpetúa un escenario de represión que ya debería estar superado por la vía legislativa.
Polarización política: Entre la liberación y la denuncia de impunidad
La reacción a la decisión del Tribunal de Cuentas no ha sido unánime en el espectro político. Mientras que la CUP ha interpretado este paso como una oportunidad para «reconstruir el independentismo popular» y volver a centrar el objetivo en la autodeterminación, las fuerzas de la oposición nacional mantienen una postura de rechazo absoluto.
Desde Vox, Ignacio Garriga ha elevado el tono contra el Ejecutivo central, acusando a la «mafia socialista» de manipular las instituciones para garantizar la impunidad de los líderes del procés. Según su análisis, el perdón de estos fondos —que cuantifican en millones de euros— supone un agravio comparativo para los servicios públicos y los contribuyentes. Esta división subraya que, aunque el frente judicial de cuentas se cierre, la brecha política y social sigue siendo profunda.
Un listado de nombres que recuperan la seguridad jurídica
La resolución del órgano contable afecta a una lista extensa de protagonistas que marcaron la última década de la política catalana. Además de Carles Puigdemont y Artur Mas, otros nombres clave han visto cómo sus responsabilidades patrimoniales quedaban extinguidas por la aplicación de la ley:
- Oriol Junqueras: Exvicepresidente y líder de ERC.
- Exconsellers: Figuras como Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Clara Ponsatí.
- Perfiles técnicos y académicos: Andreu Mas-Colell, economista de prestigio internacional, también figura entre los exonerados.
En definitiva, la aplicación de la amnistía en el ámbito contable ha servido para blindar el patrimonio de decenas de familias, pero sobre todo ha funcionado como un catalizador para que el independentismo exija el fin definitivo de todas las causas pendientes en la justicia penal y administrativa.