La configuración de las candidaturas para la cita electoral del próximo 29 de noviembre ha vuelto a situar a EH Bildu en el centro del debate político. La formación abertzale ha optado por reforzar sus listas al Senado y al Congreso con figuras que, si bien carecen de delitos de sangre, cuentan con un pasado judicial vinculado directamente al entramado de apoyo a la banda terrorista ETA. Esta decisión estratégica subraya una apuesta por perfiles de larga trayectoria en la izquierda independentista que han cumplido condenas por integración en organización terrorista.
El retorno de perfiles históricos a las instituciones
Entre los nombres que han generado mayor eco mediático destaca el de Floren Aoiz. El que fuera un referente de la antigua Herri Batasuna se presenta ahora como la apuesta de Bildu para liderar la lista al Senado por Navarra. Su trayectoria está marcada por la sentencia de la Audiencia Nacional de 2014, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que le impuso una pena de un año y medio de prisión. Los tribunales consideraron probado su papel en la financiación de ETA mediante la gestión de las denominadas ‘herriko tabernas’.
Por otro lado, la Secretaría de Organización de la formación también tendrá una representación directa en las urnas. Sonia Jacinto, quien ostenta dicho cargo orgánico, encabezará la propuesta para la Cámara Alta por Guipúzcoa. Jacinto es conocida por su implicación en el caso Bateragune, un proceso judicial en el que fue condenada a ocho años de cárcel en 2011. La sentencia determinó que formaba parte de un núcleo que buscaba reconstruir la cúpula de la ilegalizada Batasuna siguiendo las directrices de la banda armada.
Marije Fullaondo y la persistencia en el Congreso
La lista por Vizcaya para la Cámara Baja vuelve a contar con Marije Fullaondo en el segundo puesto, respaldando la candidatura de Oskar Matute. Fullaondo ya cuenta con experiencia parlamentaria reciente, pero su pasado político está estrechamente ligado a los intentos de mantener la voz de la izquierda abertzale en las instituciones tras la ilegalización de sus marcas previas. En 2016, la candidata aceptó una condena de dos años de prisión tras admitir su labor en el desarrollo del brazo político de ETA.
El historial de Fullaondo refleja la convulsa etapa de transición de los partidos abertzales entre 2005 y 2009. Su vinculación con formaciones como el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) fue objeto de vigilancia judicial constante. A pesar de los intentos de inhabilitación y las detenciones sufridas a finales de 2007, su figura ha logrado consolidarse dentro de la estructura actual de EH Bildu como un enlace entre el activismo histórico y la gestión institucional contemporánea.
Claves sobre las condenas y el contexto judicial
Para entender la relevancia de estas incorporaciones, es fundamental desglosar el marco jurídico que rodea a estos candidatos, quienes han cumplido íntegramente sus responsabilidades penales:
- Floren Aoiz: Responsabilidad penal confirmada en 2015 por el entramado financiero de las tabernas vinculadas a la banda.
- Sonia Jacinto: Condenada junto a figuras como Arnaldo Otegi por el intento de reconstrucción estratégica de la dirección política abertzale.
- Marije Fullaondo: Admitió mediante acuerdo judicial su participación en organizaciones diseñadas para sortear la Ley de Partidos.
Implicaciones en el panorama político actual
La inclusión de estos nombres no es un hecho aislado, sino que responde a una voluntad de reivindicación histórica por parte de Bildu hacia sus cuadros más veteranos. Al proponer candidatos que han pasado por procesos de prisión por delitos de pertenencia, pero no de ejecución directa de atentados, la formación camina sobre una delgada línea entre la normalización democrática y la provocación hacia las víctimas del terrorismo.
Este movimiento plantea un escenario complejo para las coaliciones postelectorales, ya que la presencia de antiguos convictos en las instituciones nacionales suele ser utilizada como argumento de peso por la oposición para cuestionar la legitimidad democrática de la formación liderada por Arnaldo Otegi. No obstante, desde el punto de vista legal, una vez cumplidas las penas de inhabilitación, no existe impedimento para que estos ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio pasivo, integrándose plenamente en la maquinaria electoral del 29-N.