La memoria democrática en España enfrenta un nuevo punto de inflexión. Ante la proximidad de un escenario político marcado por las próximas elecciones generales, diversos colectivos de víctimas han decidido tomar la iniciativa para evitar lo que denominan una claudicación ética ante los herederos del terrorismo. A través de un documento estratégico remitido a las cúpulas del Partido Popular y de Vox, se ha planteado un ambicioso plan de quince puntos que busca desmantelar el actual estatus institucional de EH Bildu y restaurar la justicia penal sobre los crímenes que aún permanecen en la sombra.
Un juicio histórico: El modelo de Núremberg para ETA
La propuesta más rupturista del informe, elaborado por el Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-CEFAS, sugiere que España necesita un proceso judicial de carácter extraordinario. Inspirado en los juicios de Núremberg, este planteamiento no busca únicamente castigar crímenes individuales, sino establecer un relato jurídico definitivo que condene la estructura completa de la banda terrorista. Según el documento, solo un macroproceso de esta envergadura podría cerrar las heridas sociales que las declaraciones políticas no han logrado sanar.
Este enfoque judicial se vuelve urgente al analizar las cifras de la impunidad. Actualmente, cerca del 40% de los asesinatos perpetrados por la organización terrorista no han recibido una sentencia condenatoria. Son 376 familias que todavía esperan respuestas, a pesar de que las investigaciones de las fuerzas de seguridad han logrado esclarecer técnicamente alrededor de 150 de esos casos. La exigencia a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal es clara: activar a la Fiscalía General del Estado para perseguir estos delitos, incluso si se enfrentan a debates sobre la prescripción.
El cerco institucional a EH Bildu y la reforma de la Ley de Partidos
El documento profundiza en la necesidad de revisar la legalidad de las formaciones que, a juicio de los firmantes, actúan como brazos políticos de la violencia pasada. Se insta a las fuerzas de la derecha a explorar todas las vías legales para la ilegalización de EH Bildu, basándose en la Ley de Partidos. En el supuesto de que esta vía no prospere judicialmente, el plan propone un aislamiento institucional absoluto.
- Prohibición de alcanzar pactos de gobernabilidad con formaciones que no condenen explícitamente el terrorismo.
- Inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos a personas condenadas por delitos de sangre o colaboración con banda armada.
- Revisión de las condiciones que permitieron la legalización de estas siglas en el año 2011.
- Veto total a la recepción de subvenciones públicas y contratos estatales para los condenados.
Justicia penitenciaria y el fin de los privilegios
Otro de los pilares del compromiso solicitado a PP y Vox es la recuperación del control sobre la gestión de prisiones. Las asociaciones denuncian que la transferencia de estas competencias al Gobierno vasco ha derivado en un sistema de beneficios penitenciarios que eluden el requisito legal de la colaboración efectiva con la justicia. Se propone una fiscalización rigurosa para impedir que los terceros grados y las libertades condicionales se conviertan en una suerte de «amnistía encubierta».
Asimismo, se pone el foco en la responsabilidad civil. El informe exige una investigación exhaustiva de los patrimonios de los antiguos miembros de ETA para que asuman las indemnizaciones correspondientes. Hasta la fecha, el Estado ha tenido que desembolsar más de 880 millones de euros debido a la insolvencia declarada de los victimarios, una situación que las víctimas consideran una burla al sistema judicial.
Memoria educativa y derecho al voto
Para combatir el olvido generacional, las víctimas reclaman un pacto de Estado en materia educativa. El objetivo es que la historia del terrorismo se incluya de manera obligatoria y fidedigna en los currículos escolares de toda España, evitando cualquier interpretación que intente equiparar el sufrimiento de las víctimas con el de sus verdugos. La Alta Inspección Educativa jugaría aquí un rol crucial para vigilar que no se haga apología de la violencia en las aulas.
Por último, el plan rescata una demanda histórica: la reforma de la ley electoral para permitir que los ciudadanos desplazados por la violencia (aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco o Navarra por amenazas) puedan ejercer su derecho al voto en sus lugares de origen. Esta medida busca revertir los efectos del «exilio forzado» que, según las asociaciones, alteró la representatividad democrática en dichas regiones durante décadas.
En definitiva, este documento se presenta como una hoja de ruta ética para un futuro gobierno, con la intención de que la derrota de ETA no sea solo operativa, sino también narrativa y política. La pelota está ahora en el tejado de las formaciones de la oposición, que deberán decidir si asumen este compromiso integral como propio en la próxima legislatura.