La reciente decisión del Gobierno vasco de flexibilizar el régimen penitenciario de Garikoitz Aspiazu, alias ‘Txeroki’, ha desatado una profunda indignación en el seno de los colectivos de damnificados por el terrorismo. La aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite al que fuera el máximo dirigente de la banda terrorista abandonar el centro penitenciario de forma diaria, una medida que ha sido calificada por Covite como una estrategia política para vaciar las cárceles de forma indirecta.
El polémico beneficio de salida diaria para Txeroki
Bajo la nueva disposición aprobada por las autoridades de gestión penitenciaria en Euskadi, el exjefe de ETA dispone de un permiso que le faculta para salir de la prisión de Martutene (San Sebastián) de lunes a viernes. El objetivo oficial de estas salidas es el desempeño de actividades laborales o tareas de voluntariado, obligando al recluso a regresar al recinto carcelario únicamente para pernoctar. Los fines de semana, por el momento, deberá cumplirlos íntegramente en su celda.
A pesar de que desde el Departamento de Justicia se insiste en que esta medida no equivale a un tercer grado, el impacto simbólico y jurídico es mayúsculo. Esta modalidad de semilibertad es una vía excepcional que, según las asociaciones de víctimas, se está convirtiendo en la norma para los presos de la banda. El expediente se encuentra ahora bajo la supervisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que tendrá la última palabra sobre su legalidad.
Un historial criminal sin signos de arrepentimiento
La figura de Txeroki es una de las más oscuras en la historia reciente de España. Detenido en 2008 tras años de liderazgo en el aparato militar de la organización, acumula condenas que suman 377 años de cárcel. Entre sus delitos más graves figuran:
- La orden directa para perpetrar atentados con coche bomba en zonas turísticas como Castellón.
- Intento de asesinato mediante paquetes explosivos contra profesionales de la comunicación.
- Liderazgo estratégico de la banda en su etapa más intransigente y sanguinaria.
Para la organización liderada por Carmen Ordóñez, resulta inadmisible que un criminal de este perfil acceda a beneficios penitenciarios sin haber mostrado un arrepentimiento público y explícito. La falta de desvinculación de la izquierda abertzale, que sigue tratándolo como un referente político, refuerza la tesis de que estas medidas no buscan la reinserción real, sino un alivio de la pena basado en criterios de conveniencia política.
La denuncia de Covite: ¿Hacia una amnistía encubierta?
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha sido tajante al definir esta política como un «fraude en la ejecución de las condenas». Según la asociación, el uso sistemático de artículos excepcionales para presos que no han cumplido ni la mitad de su condena supone una vulneración del derecho a la justicia de quienes sufrieron la violencia terrorista. Ordóñez advierte que se está cumpliendo la hoja de ruta de la izquierda abertzale, cuyo objetivo final es vaciar los centros penitenciarios de terroristas sin exigirles cuentas por su pasado.
Además, se critica duramente la opacidad del Gobierno vasco. A pesar de las promesas de transparencia, los detalles sobre cuántos presos se benefician de estas medidas excepcionales se mantienen bajo un hermetismo que impide el control social y judicial efectivo. Esta falta de información es vista como una falta de respeto adicional hacia las familias de las víctimas, que ven cómo los asesinos de sus seres queridos recuperan la libertad de movimientos de forma progresiva y silenciosa.
El papel de la Fiscalía de la Audiencia Nacional
Ante este escenario, todas las miradas se dirigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Al no poder personarse las víctimas en la fase de ejecución de las penas, el Ministerio Público se convierte en el único garante legal para impedir que estas decisiones se consoliden sin una revisión exhaustiva. Covite ha solicitado formalmente que se recurra la medida aplicada a Txeroki, entendiendo que avalar este tipo de concesiones envía un mensaje de impunidad devastador para la democracia y el Estado de Derecho.
La resolución de este conflicto no solo afectará al futuro de Garikoitz Aspiazu, sino que sentará un precedente sobre cómo se gestionará el final de la trayectoria penitenciaria de los presos de ETA en un marco donde la gestión autonómica busca una flexibilidad que choca frontalmente con la memoria y la justicia de las víctimas.