La investigación judicial sobre la estabilidad de las fronteras en la ciudad autónoma ha dado un giro relevante. La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha formalizado una petición de información dirigida al Ministerio de Defensa para esclarecer la actividad marítima en las inmediaciones de Ceuta durante un periodo crítico del pasado verano.
Investigación sobre la soberanía en aguas territoriales
El núcleo de estas nuevas diligencias se centra en determinar si existió una presencia no autorizada de activos navales extranjeros en jurisdicción española. La jueza busca confirmar si, entre el 29 de julio y el 10 de agosto, unidades de la marina marroquí navegaron por aguas adyacentes a la ciudad española, coincidiendo con repuntes en la presión migratoria.
Para dotar de solidez a la instrucción, el juzgado ha solicitado una serie de evidencias técnicas y operativas que permitan reconstruir los hechos con precisión:
- Registros de incursión: Informes detallados sobre cualquier buque de guerra o embarcación militar identificada en la zona.
- Protocolos de contacto: Documentación sobre posibles interacciones, avisos o maniobras conjuntas con la Armada Española.
- Pruebas gráficas: Entrega de grabaciones de radar, cámaras o cualquier soporte audiovisual que certifique la posición de las naves.
Contexto de las diligencias judiciales en Ceuta
Este movimiento administrativo se enmarca en una causa más amplia que analiza la entrada irregular de personas ocurrida a finales de julio. La justicia española intenta dirimir si hubo una coordinación o una omisión de funciones que facilitara el cruce masivo de fronteras, analizando para ello el despliegue militar en ambos lados de la demarcación marítima.
Con esta solicitud, la Audiencia Nacional pretende verificar si la presencia de unidades militares marroquíes guardó relación directa con los episodios de inestabilidad fronteriza o si, por el contrario, se trató de movimientos rutinarios debidamente comunicados a las autoridades de defensa nacionales.