Una sanción económica de mil euros o incluso la apertura de diligencias por responsabilidad penal. Ese es el escenario al que se enfrentan los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares tras el reciente movimiento del Tribunal Supremo, que ha decidido elevar el tono ante la falta de transparencia administrativa respecto al censo electoral en el extranjero.
Consecuencias legales por el bloqueo de datos electorales
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha otorgado un plazo improrrogable de cinco días, con fecha límite el 28 de octubre a las 15:00 horas, para que el Gobierno entregue la relación nominal de los ciudadanos damnificados. El Alto Tribunal busca clarificar la situación de los 163.020 afectados por la interrupción del derecho al sufragio derivada de la aplicación de la Ley de Nietos.
Incertidumbre en el Censo Electoral de Residentes Ausentes
Este requerimiento judicial coincide con el calendario del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), que tiene previsto gestionar la documentación pertinente entre el 24 y el 30 de octubre. No obstante, el organismo ya ha advertido sobre la provisionalidad del voto para este colectivo, un factor que añade mayor complejidad jurídica a la validación de las papeletas emitidas desde el exterior bajo el nuevo marco normativo de nacionalidad.