La investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción en el Ministerio de Transportes ha dado un paso significativo tras la última maniobra procesal de la constructora Acciona. La compañía ha admitido formalmente ante la Audiencia Nacional la transferencia de 1,9 millones de euros a favor de Servinabar, una sociedad mercantil estrechamente ligada a figuras clave del aparato del PSOE, en el marco de las obras de infraestructura realizadas en La Rioja.
Documentación clave en el caso Koldo: Facturas y registros
En un ejercicio de colaboración con el magistrado Ismael Moreno, la defensa de Acciona ha procedido a la entrega voluntaria de un voluminoso expediente documental. Este archivo no solo incluye las facturas emitidas por Servinabar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la Variante de Logroño, sino que profundiza en la operativa diaria de la colaboración entre ambas firmas. Entre el material aportado destacan:
- Partes de trabajo detallados de los operarios de la mercantil bajo sospecha.
- Albaranes de entrega y registros de horas trabajadas por el personal de la empresa de Antxon Alonso.
- Control de presencia y uso de flota de vehículos vinculada al proyecto de la A-68.
- Intercambios de correos electrónicos entre los técnicos superiores de ambas entidades.
Este despliegue documental busca esclarecer si los pagos millonarios correspondieron a servicios reales o si, por el contrario, formaron parte de la estructura de comisiones ilegales que investiga el juzgado de instrucción número 2.
El nexo entre Servinabar y la cúpula socialista
El foco de la sospecha no reside únicamente en la cuantía del pago, sino en la titularidad y administración de la receptora de los fondos. Servinabar está gestionada por Antxon Alonso, socio reconocido de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. La vinculación de estas sociedades con el entorno del partido genera un escenario complejo para la defensa de los implicados, ya que la obra en cuestión —el tramo Arrúbal-Navarrete de la Autovía A-68— se licitó bajo la supervisión del ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos.
La estrategia judicial trata de determinar si la adjudicación de obra pública fue manipulada para beneficiar a mercantiles concretas. En este sentido, la imputación de exdirectivos de Acciona a finales de 2025 subraya la tesis de que las grandes constructoras podrían haber facilitado estos cauces financieros como parte de acuerdos opacos con la administración.
Implicaciones judiciales de las adjudicaciones en La Rioja
El tramo de la Variante de Logroño se ha convertido en una pieza fundamental del rompecabezas del caso Koldo. A diferencia de otros contratos centrados en el material sanitario durante la pandemia, este eje de investigación se enfoca en el sector de la obra civil y las posibles irregularidades en las adjudicaciones de infraestructura a gran escala. La presencia de figuras como Koldo García y el propio exministro Ábalos en la lista de imputados sugiere una red de influencia que trascendía las necesidades puntuales de la crisis sanitaria.
Con la incorporación de estas pruebas al sumario, el juez instructor cuenta ahora con una trazabilidad bancaria y administrativa mucho más nítida. El análisis de los estados mensuales de jornadas y la valoración del personal técnico será determinante para verificar si el importe de 1,9 millones de euros se ajusta a los precios de mercado o si existió un sobrecoste destinado a nutrir la supuesta trama de corrupción política y empresarial.
El proceso sigue su curso en la Audiencia Nacional, mientras la documentación aportada por Acciona abre nuevas líneas de interrogatorio para los próximos meses, donde el papel de los socios de Cerdán y la transparencia de las UTEs en obra pública estarán en el centro del debate jurídico.