El proceso judicial que envuelve al exalcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha tomado un rumbo inesperado tras su comparecencia ante la magistrada encargada del caso. El que fuera regidor ha admitido formalmente la existencia de contacto físico con la mujer que lo denunció por agresión sexual, aunque ha intentado encuadrar este acto dentro de una supuesta exploración médica improvisada en las dependencias municipales.
Una defensa basada en la praxis clínica fuera de consulta
Durante la instrucción de los hechos ocurridos en el despacho del Ayuntamiento, Landaluce, quien posee formación en Medicina y Cirugía, justificó su conducta alegando que detectó irregularidades cutáneas, como lunares y verrugas, en la zona pectoral de la denunciante. Según su testimonio judicial, esta observación visual motivó una revisión sanitaria espontánea. No obstante, este argumento choca frontalmente con la versión de la víctima, quien niega haber otorgado permiso alguno para tal procedimiento y sostiene que el contacto se produjo de forma inconsulta y forzada.
La afectada, asesora municipal y vinculada a las Nuevas Generaciones del Partido Popular, ha relatado una secuencia de hechos donde la supuesta «ayuda médica» se transformó en un episodio de hostigamiento. Según su declaración, tuvo que apartar físicamente el brazo del investigado tras verse sorprendida por tocamientos que se iniciaron en la zona de la clavícula y terminaron bajo su vestimenta.
Irregularidades señaladas en el protocolo sanitario
La acusación particular ha puesto el foco en la absoluta falta de adecuación del entorno para realizar cualquier tipo de examen clínico. Se subraya que el incidente no solo careció de consentimiento explícito, sino que se desarrolló bajo condiciones que vulneran la ética profesional médica:
- Ausencia de material clínico: No se utilizaron guantes ni se contaba con el instrumental básico para una revisión dermatológica o mamaria.
- Falta de privacidad profesional: El acto tuvo lugar en un despacho político, no en un centro habilitado, y sin la presencia de personal sanitario de apoyo.
- Omisión de diagnóstico: Tras la presunta exploración, el investigado no emitió ningún informe, ni derivó a la paciente a un especialista, ni recomendó pruebas complementarias oficiales.
El papel de las sociedades médicas en el proceso
Ante la singularidad de la defensa planteada por Landaluce, la justicia ha sido instada a solicitar informes técnicos a organismos oficiales, específicamente a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). El objetivo es que expertos en la materia determinen si la actuación descrita por el exalcalde puede ser considerada bajo algún concepto como una exploración médica legítima o si, por el contrario, carece de cualquier fundamento científico y profesional.
Este escenario coloca a la instrucción en la tesitura de discernir si los actos admitidos constituyen un ejercicio irregular de la profesión o si se trata de una estrategia para eludir las consecuencias penales de un presunto delito contra la libertad sexual. Por el momento, la fase de investigación sigue recopilando pruebas para esclarecer si el abuso de confianza y la falta de consentimiento invalidan la coartada clínica del exmandatario algecireño.