La Audiencia Nacional ha sido testigo de una de las jornadas más determinantes en el marco del caso Lezo. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha comparecido para desvincularse por completo de cualquier irregularidad en la gestión de los contratos públicos del Canal de Isabel II. Con una petición fiscal que alcanza los seis años de prisión, el exmandatario ha centrado su estrategia de defensa en la autonomía de los órganos técnicos y en el desconocimiento total de las actividades empresariales de sus familiares directos en las fechas clave de la investigación.
El blindaje institucional como estrategia de defensa
Durante el interrogatorio del Ministerio Fiscal, González ha mantenido un tono firme al asegurar que en ningún momento ejerció presión o influencia para favorecer a empresas específicas. Su argumento principal reside en la estructura jerárquica del ente público madrileño. Según su testimonio, las adjudicaciones no dependían de su voluntad política, sino de un consejo de administración y de mesas de contratación compuestas por técnicos especializados.
El expresidente ha subrayado que su rol como vicepresidente en aquel entonces no implicaba un contacto directo con los licitadores. Ha sido categórico al afirmar que no conoce a los responsables de las empresas subcontratadas ni ha mantenido conversaciones con personal técnico para alterar los pliegos de condiciones. Esta postura busca diluir la responsabilidad individual trasladándola a la burocracia administrativa del Canal de Isabel II.
Del helipuerto al campo de golf: una decisión política
Uno de los puntos críticos del juicio es la transformación de un proyecto original en el tercer depósito del Canal. González ha recordado que la iniciativa de cancelar la construcción de un helipuerto fue una decisión de Esperanza Aguirre, quien prefería dotar al centro de Madrid de infraestructuras deportivas en un distrito con carencias en este ámbito. El exdirigente popular justifica la modificación del proyecto como una oportunidad de servicio público y no como una maniobra para generar comisiones ilícitas.
- Las obras iniciales fueron otorgadas a la constructora Dragados en 2003.
- La subcontratación de la empresa TCT se produjo tras el cambio en el diseño del proyecto.
- González sostiene que nunca solicitó favores a los directivos de las empresas adjudicatarias.
La coartada cronológica de los familiares
La implicación de su hermano, Pablo González, y su cuñado, Juan José Caballero, es uno de los pilares de la acusación. Sin embargo, el expresidente ha presentado una defensa basada en la línea temporal de los hechos. Según su versión, la entrada de sus parientes en la órbita de la empresa TCT no ocurrió hasta el año 2008, un periodo significativamente posterior a la adjudicación del polémico contrato de 2004.
Esta tesis ha sido respaldada por las declaraciones de los propios familiares y del fundador de TCT, quienes coinciden en que su relación profesional comenzó debido a un proyecto internacional en Venezuela vinculado a la Copa América. Aseguran que Ignacio González nunca fue informado de estos movimientos empresariales, reforzando la idea de una estanqueidad informativa dentro del núcleo familiar para evitar conflictos de intereses.
Responsabilidades técnicas y peticiones de condena
Por otro lado, el que fuera director gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, también ha seguido una línea de defensa similar. Al igual que González, ha alegado una supuesta falta de pericia en materia de contratación pública para distanciarse de las decisiones de las mesas de evaluación. De Miguel ha insistido en que su cargo era de gestión política y que los detalles sobre los accionistas de las empresas concursantes eran, en la práctica, imposibles de fiscalizar por su parte.
A pesar de estos testimonios, la Fiscalía mantiene su acusación en firme. Se les imputan delitos de cohecho y cooperación necesaria, solicitando penas que incluyen:
- Seis años de cárcel para los principales implicados.
- Multas económicas que ascienden a los 550.000 euros.
- Inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
El juicio continuará analizando las pruebas periciales y testimoniales para determinar si existió un plan orquestado para desviar fondos públicos o si, como defiende la cúpula madrileña de aquella época, todo se ajustó a la legalidad vigente y a los procedimientos internos del Canal de Isabel II. La resolución de este caso marcará un hito en la fiscalización de las empresas públicas en España.