La administración de Fernando Grande-Marlaska ha tomado una determinación poco frecuente en el ámbito de la diplomacia policial: mantener de forma interina al agregado de Interior en la Embajada de España en la República Dominicana. Aunque el inspector jefe José Luis Hernández Boutón ya ha cumplido el ciclo máximo de cinco años establecido por la normativa vigente, su relevo ha quedado paralizado. Esta situación se desencadena tras un vacío administrativo provocado por la renuncia del candidato seleccionado y la decisión estratégica de no abrir un nuevo proceso antes de los próximos comicios.
Un vacío administrativo en la legación de Santo Domingo
El relevo en el puesto estaba inicialmente planificado. Un mando policial destinado en Vélez-Málaga había sido el elegido para ocupar la plaza, llegando incluso a superar los cursos de capacitación técnica obligatorios para operar en el extranjero. Sin embargo, problemas de carácter familiar forzaron su dimisión apenas unas semanas antes de su incorporación prevista. Debido a que estas posiciones se cubren mediante el sistema de libre designación, la normativa impide nombrar directamente al segundo candidato mejor valorado, obligando a reiniciar todo el trámite de convocatoria desde cero.
Ante la proximidad de las elecciones generales, el Ministerio del Interior ha optado por no convocar de nuevo la plaza, dejando la responsabilidad de elegir al futuro mando en manos del próximo Ejecutivo. Esta prórroga ha generado una oleada de críticas internas, ya que más de 200 mandos policiales aspiraban a los codiciados puestos en embajadas, atraídos no solo por el prestigio internacional, sino por remuneraciones que pueden alcanzar los 15.000 euros mensuales en determinados destinos.
Factores clave en la prórroga del mando policial
- Excepcionalidad normativa: Se supera el límite de un lustro en el cargo, un hecho inusual en las misiones diplomáticas de Interior.
- Bloqueo por calendario: La cercanía electoral impide la apertura de procesos administrativos de libre designación para evitar suspicacias políticas.
- Seguridad y continuidad: El ministerio prefiere mantener a un mando con experiencia en el terreno que dejar el puesto vacante en un destino sensible.
República Dominicana: Un enclave de intereses cruzados
La continuidad de la estructura actual en la embajada se produce en un territorio donde la política española tiene una presencia notable. El país caribeño se ha convertido en un punto neurálgico para figuras históricas del socialismo. José Bono, expresidente del Congreso, no solo posee la nacionalidad dominicana por decreto presidencial, sino que ha participado activamente en la modernización de la policía local, proceso que coincidió con la entrega de subvenciones de cooperación española por valor de 250.000 euros.
Este ecosistema de colaboración se extiende al ámbito privado, con la presencia de exparlamentarios y empresarios españoles involucrados en proyectos millonarios de energía renovable y gestión de residuos. La estabilidad en la agregaduría de Interior es fundamental para supervisar una región donde confluyen los negocios, la cooperación estatal y el flujo constante de intereses bilaterales, en los que también figura el expresidente Felipe González como ciudadano distinguido por el gobierno de Santo Domingo.
La polémica de la logística aérea y la transparencia
Más allá de la estructura del personal, la relación con la República Dominicana está bajo la lupa por la frecuencia de uso de los aviones oficiales del Estado. Los registros indican que se han producido decenas de vuelos hacia la isla en los últimos años. Aunque Defensa justifica estos movimientos como paradas técnicas necesarias para misiones en el continente americano, la ausencia de convenios específicos para el suministro de combustible ha alimentado las dudas sobre la finalidad real de dichos trayectos.
En este escenario de sombras informativas y mandatos prorrogados, la transparencia institucional sigue siendo el gran reto. La decisión de mantener al actual agregado garantiza una transición calmada hacia la próxima legislatura, pero deja abierta la puerta a interrogantes sobre la gestión de las plazas más exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el exterior.