La vicepresidenta venezolana ha decidido pasar a la ofensiva en los tribunales españoles. Ante las reiteradas acusaciones que la vinculan con una supuesta trama de financiación irregular del PSOE, el equipo jurídico de Delcy Rodríguez ha interpuesto una querella criminal contra el empresario Víctor de Aldama. Esta acción judicial responde a lo que la demandante considera una campaña de injurias graves con publicidad, orquestada a través de medios de comunicación de gran alcance.
El origen del conflicto: Declaraciones en ‘prime time’
El núcleo de la disputa legal se encuentra en las intervenciones televisivas que Aldama protagonizó en febrero de 2026. Durante sus entrevistas en programas como ‘Diario de la Noche’ y ‘Horizonte’, el empresario sostuvo que Rodríguez fue la encargada de suministrar un sobre con el emblema de PDVSA (la estatal petrolera de Venezuela). Según su versión, dicho paquete contenía pruebas comprometedoras sobre el trasvase de fondos hacia las arcas del partido de gobierno en España.
La defensa de la política venezolana, liderada por el despacho de Baltasar Garzón, niega tajantemente estas afirmaciones. Sostienen que no existe evidencia alguna de que Rodríguez tuviera contacto con dicho material ni conocimiento de su contenido. La querella resalta que estas declaraciones no solo son falsas, sino que buscan dañar de forma deliberada la reputación internacional de la querellante, vinculándola con actividades ilícitas en las que no figura como investigada.
Las inconsistencias del «sobre de PDVSA»
Uno de los puntos más críticos de la querella es la falta de trazabilidad y las dudas sobre la autenticidad de las pruebas presentadas por Aldama ante la Audiencia Nacional. El documento judicial destaca varios elementos que cuestionan la veracidad del relato del empresario:
- Ausencia de identificación: No hay rastro físico ni documental en el envoltorio que vincule directamente a la vicepresidenta con la entrega.
- Vacío temporal: El sobre presenta un sello de recepción de febrero de 2020, pero permaneció oculto y sin ser mencionado en sede judicial hasta el año 2026.
- Falta de custodia: La defensa cuestiona dónde y en qué condiciones estuvo almacenada esa «documentación sensible» durante más de un lustro.
Aunque informes de la Unidad Central Operativa (UCO) mencionan una fotografía del sobre en posesión de socios de Aldama, la querella insiste en que el sellado de la Vicepresidencia de Venezuela no implica que la propia Rodríguez realizara la entrega personal de documentos destinados a financiar al PSOE o a la Internacional Socialista.
Implicaciones jurídicas por injurias con publicidad
El Código Penal español castiga con especial severidad la imputación de delitos realizada con temerario desprecio hacia la verdad, especialmente cuando se utiliza la televisión para multiplicar su impacto. En este caso, al tratarse de injurias con publicidad, la ley contempla penas de multa que podrían oscilar entre los seis y los catorce meses.
La estrategia de los abogados de Rodríguez busca forzar a Aldama a retractarse o a enfrentar las consecuencias de sus palabras. De hecho, antes de formalizar la querella, se solicitó un acto de conciliación previa que el empresario ignoró, cerrando la puerta a una solución extrajudicial y obligando a los tribunales a dirimir si las acusaciones sobre los cupos de petróleo y la financiación irregular son hechos probados o simples invenciones mediáticas.
Un escenario judicial complejo en la Audiencia Nacional
Este nuevo frente legal se suma a las ya complejas piezas separadas que instruyen magistrados como Ismael Moreno y Santiago Pedraz. Mientras Aldama intenta utilizar la información del sobre como moneda de cambio para obtener beneficios procesales en el ‘caso Koldo’ y en el ‘caso hidrocarburos’, la querella de Rodríguez introduce un factor de presión adicional que cuestiona la credibilidad del empresario como testigo o investigado colaborador.
En conclusión, el enfrentamiento entre la dirigente venezolana y el empresario español trasciende lo político para convertirse en una batalla por la verdad judicial. El resultado de esta querella determinará si las acusaciones sobre la supuesta conexión económica entre Caracas y Madrid tienen fundamento sólido o si forman parte de un relato construido para desviar la atención de otras responsabilidades penales.