En una decisión marcada por la inminencia de la cita con las urnas, el Tribunal Supremo ha decidido blindar el derecho al voto de los ciudadanos que accedieron a la nacionalidad española como hijos de beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha optado por no interferir en el censo electoral actual, asegurando así que este colectivo pueda ejercer su derecho en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, a pesar de las presiones jurídicas para su exclusión.
La estabilidad del calendario electoral como prioridad
El argumento central de los magistrados para desestimar las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa reside en la protección del procedimiento democrático ya iniciado. El Alto Tribunal subraya que el proceso electoral se encuentra en una etapa de no retorno. Con más de la mitad del calendario consumido y el inicio del depósito del voto en los consulados a la vuelta de la esquina, cualquier modificación masiva del censo supondría una vulneración de la seguridad jurídica.
Según el auto, alterar las listas de electores en este punto de la cuenta atrás generaría una inestabilidad técnica inasumible. Los jueces han valorado que el riesgo de caos administrativo supera las dudas planteadas sobre la elegibilidad de estos votantes, priorizando que los residentes en el extranjero inscritos en el CERA no vean truncada su participación por decisiones judiciales de última hora.
El complejo laberinto del Censo Electoral (CERA)
La controversia técnica emana de la imposibilidad de segregar con precisión a los votantes. Actualmente, los registros del Ministerio de Asuntos Exteriores contabilizan a 189.678 ciudadanos bajo el supuesto de hijos de nacionalizados, pero sin un desglose que diferencie entre quienes derivan su derecho de la ley de 2007 y quienes lo hacen de la reforma de 2022. Esta falta de detalle nominal ha sido un factor determinante para el fallo judicial.
- Imposibilidad de realizar una identificación individualizada de cada elector en plazos electorales.
- Dificultad para rastrear los expedientes de origen de los progenitores de forma masiva.
- Riesgo de excluir erróneamente a ciudadanos cuya nacionalidad procede de la legislación de 2007, la cual no estaba cuestionada en este procedimiento.
Diferencias con el precedente de septiembre
Es fundamental entender que esta resolución no contradice las decisiones previas del Supremo, sino que las matiza por motivos logísticos. El pasado mes de septiembre, el tribunal sí aceptó suspender el voto de un grupo de 163.000 personas directamente nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, la nueva petición pretendía extender esta restricción a un segundo grupo: los hijos mayores de edad de esos beneficiarios.
La Abogacía del Estado defendió con éxito que, a diferencia de la primera suspensión, realizar una segunda limpieza del censo en este momento sería materialmente inviable. Los servicios jurídicos advirtieron que la red consular ya está al límite de su capacidad operativa y que una nueva revisión de expedientes individuales paralizaría la gestión ordinaria de los comicios desde el exterior.
Impacto en la gestión consular y garantías democráticas
El fallo también alivia la presión sobre las oficinas consulares, que ya sufrieron tensiones administrativas tras la primera criba de septiembre. En aquel episodio, el Supremo llegó a amenazar con sanciones ante los retrasos en la entrega de documentación. Al rechazar la nueva petición, se evita repetir un proceso de revisión manual que, según el Gobierno, podría haber comprometido el escrutinio final de los votos procedentes del extranjero.
En conclusión, el Tribunal Supremo ha preferido mantener el estatus quo del censo para garantizar que las elecciones del 29-N se desarrollen sin incidentes técnicos mayores. Aunque el fondo de la cuestión sobre la legalidad de ciertos supuestos de nacionalización pueda seguir debatiéndose en el futuro, para esta cita electoral, prevalece el derecho al sufragio y la normalidad institucional sobre las pretensiones de impugnación del censo electoral.