La irrupción de nuevas fuerzas políticas suele venir acompañada de propuestas que desafían el statu quo, pero el denominado «contrato electoral» de Se Acabó La Fiesta (SALF) eleva la apuesta hacia una transformación radical de las instituciones españolas. Luis ‘Alvise’ Pérez ha desglosado una hoja de ruta para los comicios del 29 de noviembre centrada en la seguridad punitiva, la poda administrativa y un cuestionamiento frontal a la soberanía compartida con Bruselas.
El modelo penal de SALF: Infraestructuras de máxima seguridad
Uno de los pilares más polémicos de la propuesta de Alvise Pérez es la edificación de una megacárcel de régimen cerrado, inspirada directamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. El objetivo es albergar a los perfiles más peligrosos de la sociedad: desde terroristas y narcotraficantes hasta políticos condenados por corrupción. Según el programa, este proyecto tendría un coste aproximado de 3.000 millones de euros, una cifra que la formación pretende sufragar exclusivamente mediante los activos confiscados al crimen organizado.
Dentro de este sistema penitenciario, se eliminarían beneficios como el tercer grado o los permisos de salida. La formación defiende un modelo de «cero ocio y 100 % trabajo», obligando a los internos a realizar labores para compensar el daño causado, desafiando incluso las interpretaciones constitucionales actuales sobre los trabajos forzados. Además, se propone que los delitos de corrupción pública —como la prevaricación o el tráfico de influencias— sean imprescriptibles para evitar que el paso del tiempo garantice la impunidad de los cargos electos.
Austeridad institucional y control salarial del diputado
La reestructuración del Estado es otro de los puntos neurálgicos del programa de SALF. El plan contempla una reducción drástica del Ejecutivo, pasando de los 22 ministerios actuales a solo diez carteras ministeriales y una única vicepresidencia que centralice Hacienda, Economía y Empleo. Esta simplificación administrativa se extendería al resto de la arquitectura estatal con las siguientes medidas:
- Supresión total del Senado como cámara territorial.
- Reducción del número de asesores de los 1.255 actuales a un máximo de 400.
- Cierre de 152 entes estatales y reducción de secretarías de Estado a solo 15.
- Limitación de las direcciones generales a 70 organismos.
En un movimiento de marketing político, Pérez ha anunciado la creación de una cláusula de penalización para su propio salario como diputado. La propuesta consiste en bloquear el 100 % de su sueldo en el Banco de España, vinculando el cobro a la coherencia entre sus promesas y sus votos en el Congreso. Si el representante vota de forma distinta a lo pactado, su bolsillo se vería directamente afectado.
Economía, vivienda y el regreso del servicio militar
En el ámbito económico, SALF busca aliviar la presión fiscal mediante la eliminación del IBI para todos los ciudadanos y la exención del IRPF para los primeros 35.000 euros de salario. En materia de vivienda, la formación promete una bajada del precio del 35 % mediante la desregulación y la eliminación de trabas, además de garantizar desalojos de okupas en un plazo de 48 horas mediante la presentación del título de propiedad ante la policía.
Una de las novedades más llamativas es la reinstauración de un servicio militar voluntario de entre seis meses y un año. Este programa estaría incentivado con una retribución mensual de 1.600 euros netos y una serie de ventajas competitivas para el futuro del joven:
- Un pago final de 5.000 euros al concluir el servicio.
- Exención de cotizaciones a la Seguridad Social durante los tres primeros años de empleo.
- Aumento del mínimo exento de IRPF hasta los 50.000 euros durante una década.
- Preferencia en el acceso a vivienda protegida y puntos adicionales en oposiciones públicas.
Soberanía y el horizonte del referéndum europeo
La política exterior del programa de Alvise Pérez apunta directamente hacia una colisión con la Unión Europea. La formación exige una renegociación de las condiciones de España en el bloque comunitario, especialmente en lo referente al sector primario y la gestión de fronteras. De no aceptarse estos términos, el «contrato electoral» prevé la convocatoria de un referéndum para la salida de la UE, emulando el proceso del Brexit.
Finalmente, respecto a la inmigración, el programa aboga por una paralización absoluta del flujo migratorio procedente de países que no colaboren en la lucha contra las mafias de trata. Esta postura se complementa con propuestas de mano dura interna, como la castración química voluntaria para delincuentes sexuales como requisito indispensable para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario dentro del nuevo marco penal propuesto por SALF.
Este conjunto de medidas configura un escenario de ruptura que busca capitalizar el descontento social mediante un discurso de eficiencia económica y firmeza judicial, planteando un desafío directo a la estructura tradicional de la democracia representativa en España.