La balanza de la vigilancia penitenciaria ha vuelto a inclinarse hacia el rigor procesal. En una serie de autos recientes, la Audiencia Nacional ha decidido frenar las expectativas de libertad parcial para tres figuras históricas del terrorismo, destacando especialmente la situación de Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’. Esta decisión supone un nuevo revés para las políticas de progresión de grado que, según el magistrado José Luis Castro, no encuentran en este momento un respaldo sólido en la evolución de los condenados ni en la necesaria reparación a las víctimas.
El freno judicial a la flexibilidad de ‘Anboto’
La exjefa de ETA, que actualmente cumple su pena en la prisión de Zubieta (San Sebastián), había recibido una propuesta para suavizar su internamiento mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La intención de la Junta de Tratamiento era permitirle realizar labores de voluntariado en el exterior durante la semana, regresando únicamente para pernoctar. Sin embargo, el juez ha sido tajante al considerar que no existen «novedades cualificadas» que justifiquen este cambio de régimen en comparación con denegaciones previas.
La justicia subraya que la gravedad de los hechos cometidos por Iparraguirre sigue pesando más que cualquier actividad social propuesta. Con una condena acumulada de 30 años por diez asesinatos, atentados contra la Corona y tenencia de explosivos, el horizonte de su libertad definitiva no se sitúa hasta septiembre de 2034. El magistrado insiste en que el tiempo transcurrido desde la última revisión es demasiado breve para considerar una transformación que legitime mayores cuotas de libertad.
Criterios estrictos para Olarra Guridi y Aguirregabiria
El auto no solo afecta a la antigua cúpula femenina de la banda, sino que también anula el tercer grado concedido por el Gobierno vasco a Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria. En ambos casos, la Audiencia Nacional ha detectado una descompensación entre la evolución personal del preso y la magnitud de su historial delictivo.
- Juan Antonio Olarra Guridi: Aunque el juez admite una trayectoria individual positiva, considera que el paso del régimen flexible al tercer grado ha sido demasiado acelerado. Con una responsabilidad civil pendiente y una condena que expira en 2032, se le exige un mayor periodo de consolidación en su actual estatus.
- Arkaitz Aguirregabiria: Responsable de casi cuarenta delitos de terrorismo, incluyendo la muerte de un gendarme francés, se mantendrá bajo el paraguas del artículo 100.2. El tribunal considera fundamental que el penado consolide variables de reinserción antes de acceder a la semilibertad plena o la futura libertad condicional.
La reparación a las víctimas como eje de la reinserción
Uno de los puntos más relevantes de la argumentación judicial es el énfasis en la responsabilidad civil. El magistrado Castro recuerda que, en delitos de extrema gravedad, el abono de las indemnizaciones no es un trámite administrativo, sino un mecanismo esencial de reparación a las víctimas y un indicador real de arrepentimiento. Para la justicia, la reinserción no se mide solo por el buen comportamiento dentro de los muros de la prisión, sino por la capacidad del interno para enfrentar las consecuencias de sus actos ante el sistema democrático.
Este escenario jurídico refleja la tensión constante entre la gestión de las competencias penitenciarias delegadas y la supervisión de la Fiscalía. Al revocar estas decisiones, la Audiencia Nacional envía un mensaje de cautela: los beneficios penitenciarios para condenados por terrorismo requieren un análisis complejo donde el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no garantiza automáticamente el acceso a la calle, especialmente cuando el daño causado sigue siendo una herida abierta en la sociedad.
Conclusión: un proceso de evaluación permanente
La resolución de estos tres casos confirma que la progresión de grado no es un derecho automático, sino un proceso de evaluación continua y rigurosa. Mientras que para Anboto el camino hacia la flexibilidad se detiene por falta de nuevos argumentos, para Olarra Guridi y Aguirregabiria se impone un compás de espera. La justicia prioriza, por encima de la comodidad logística del recluso, la seguridad ciudadana y el respeto a la memoria de las víctimas, manteniendo las fechas de cumplimiento definitivas como el principal marco de referencia.