Opositoras denuncian discriminación sexual en la Policía

El acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vuelve a estar en el centro del debate jurídico. Un grupo compuesto por 250 opositoras a la Policía Nacional ha formalizado una denuncia contra el Ministerio del Interior, alegando la existencia de un mecanismo de evaluación diseñado, presuntamente, para orillar la presencia femenina mediante un complejo doble filtro físico. La demanda, canalizada a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), sostiene que las métricas aplicadas no solo son arbitrarias, sino que vulneran frontalmente los preceptos constitucionales de igualdad.

El mecanismo de la controversia: ¿Igualdad o exclusión indirecta?

El núcleo del conflicto reside en lo que la representación legal de las aspirantes denomina una «arquitectura de exclusión». Según el recurso contencioso-administrativo, el proceso selectivo aplicó inicialmente políticas de discriminación positiva para separar a hombres y mujeres en las pruebas físicas. Sin embargo, este avance se vería anulado posteriormente mediante un sumatorio de puntuaciones que vuelve a cruzar los datos de ambos sexos de forma que, en la práctica, las capacidades biológicas masculinas terminan penalizando la nota final de las mujeres.

Este sistema de evaluación es interpretado por las recurrentes como una herramienta para «destruir» las políticas de acceso que buscaban equilibrar la plantilla policial. El argumento central es que, al combinar las notas de conocimientos con las físicas en un ranking único tras haber aplicado baremos distintos por sexo, se genera un embudo selectivo que expulsa desproporcionadamente al talento femenino, ignorando las diferencias fisiológicas que la propia ley reconoce en otras fases.

Anomalías en la nota de corte y la fase psicotécnica

Más allá de la cuestión física, la demanda pone el foco en la gestión de las pruebas psicotécnicas. Se denuncia que el tribunal de selección redujo de forma injustificada la nota de corte a un 4,75, una decisión calificada de arbitraria por las opositoras. Esta modificación de las reglas del juego durante el proceso habría provocado las siguientes consecuencias:

  • Un aumento artificial de aspirantes que superaron la fase técnica, muy por encima del número de plazas disponibles.
  • La creación de un excedente de candidatos que obligó a utilizar el sumatorio de las pruebas físicas como el verdadero criterio de cribado final.
  • Una vulneración de la seguridad jurídica al alejarse de lo establecido estrictamente en las bases de la convocatoria publicadas en julio de 2025.

El análisis estadístico: La brecha en las cifras

La estadística es el pilar sobre el que se asienta la denuncia de discriminación por razón de sexo. Los datos arrojados por el propio proceso selectivo muestran una realidad incontestable: aunque las mujeres representan una minoría en el total de aspirantes, su tasa de exclusión en el tramo final es significativamente superior a la de sus compañeros varones.

En el listado de aspirantes declarados «no aptos» tras el polémico sumatorio, se contabilizan 429 personas. De este total, 235 son mujeres (lo que representa el 54,78%), frente a 194 hombres (45,22%). Esta desproporción es, para los expertos legales, la prueba fehaciente de que el sistema está penalizando la naturaleza física femenina, convirtiendo una supuesta igualdad de oportunidades en una barrera insalvable por «cuestiones puramente genéticas».

Hacia una revisión de los criterios de ingreso en la Escala Básica

El litigio liderado por el bufete Suárez-Valdés no solo busca la reparación individual de estas 250 mujeres, sino que plantea un desafío al modelo de ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional. La acusación es clara: el Ministerio del Interior habría implementado una interpretación de las bases que, bajo una apariencia de legalidad, esconde una práctica discriminatoria que impide a mujeres con excelentes notas en conocimientos acceder al curso de formación.

La resolución del TSJM marcará un precedente vital para futuras convocatorias. Si se demuestra que el sumatorio final es inconstitucional por no ponderar adecuadamente las diferencias de sexo, la Administración se verá obligada a reformular íntegramente sus procesos de selección para garantizar que la aptitud profesional prevalezca sobre criterios que, según la demanda, solo sirven para perpetuar la desigualdad en las instituciones de seguridad.