El PP exige auditar fondos europeos en el ferrocarril

La seguridad en la red ferroviaria española se ha situado en el centro de una ofensiva política en Bruselas. Tras los trágicos incidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), este último con un balance de 69 víctimas mortales, el Partido Popular ha elevado una petición formal a la Comisión Europea para que se realice una fiscalización exhaustiva del uso de los fondos comunitarios destinados a la modernización de las vías.

Bajo la lupa de Bruselas: Seguridad y transparencia en las vías españolas

La delegación española del PP europeo, coordinada por Dolors Montserrat, ha planteado una serie de interrogantes críticos ante el Parlamento Europeo. El eje central de la reclamación reside en verificar si las millonarias partidas inyectadas por Europa se han traducido en sistemas de protección operativos o si, por el contrario, existe una brecha entre las inversiones anunciadas y la realidad de la infraestructura.

La formación de centro-derecha sostiene que no basta con la asignación teórica de recursos; es imperativo confirmar que el dinero de los contribuyentes europeos ha cumplido estrictamente con los protocolos de seguridad ferroviaria exigidos por la normativa de la Unión. Las sospechas se centran en la gestión de los mantenimientos y la supuesta falta de ejecución de obras clave para evitar fallos humanos y técnicos en líneas de alta velocidad y media distancia.

El desfase presupuestario: Millones europeos en el limbo de Transportes

Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa parlamentaria apunta directamente a las arcas del Ministerio de Transportes. Según los datos manejados por los eurodiputados populares, al finalizar el ejercicio de 2025, el departamento estatal mantenía sin ejecutar una cifra alarmante: 1.196 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

  • Esta cantidad representa el 61,8% del total de fondos asignados para estas partidas.
  • Se cuestiona la veracidad del cumplimiento del hito 87 del Plan de Recuperación, un requisito indispensable para la llegada de nuevos desembolsos.
  • Existen advertencias previas del Tribunal de Cuentas sobre deficiencias en los mecanismos de control interno de Adif.

Interrogantes tecnológicos: El contrato de Thales y el sistema LZB

La fiscalización solicitada no se queda en cifras generales, sino que pone el foco en contratos específicos que despiertan dudas operativas. En septiembre de 2021, Adif adjudicó a la empresa Thales un contrato valorado en 93 millones de euros para renovar la señalización en la estratégica línea Madrid-Sevilla. El objetivo principal era sustituir el veterano sistema LZB por tecnología más avanzada.

Sin embargo, la denuncia del PP subraya una anomalía temporal: a pesar de que el plazo de ejecución técnica se acercaba a su fin, el sistema LZB continuaba operativo diez meses después de lo previsto. Esta discrepancia lleva a los populares a preguntar a la Comisión si se realizaron las pruebas de seguridad pertinentes y si el Gobierno español declaró como «terminadas» actuaciones que aún no estaban disponibles para la explotación ferroviaria real.

Exigencias de fiscalización: Auditorías y responsabilidades políticas

El objetivo último de esta ofensiva en las instituciones europeas es doble: depurar responsabilidades y garantizar la seguridad de los pasajeros. Los eurodiputados reclaman que, en caso de confirmarse irregularidades en la gestión o un uso indebido de las partidas económicas, Bruselas exija la devolución íntegra de los fondos.

Además, la iniciativa solicita que la Fiscalía Europea intervenga para analizar los contratos vinculados a las zonas donde se produjeron los siniestros de Adamuz y Urda. El PP considera fundamental que se revise si los procedimientos de circulación en condiciones degradadas cumplen con los estándares comunitarios, o si es necesario que Europa emita recomendaciones provisionales urgentes ante lo que consideran una gestión deficiente por parte de las autoridades ferroviarias españolas.

En conclusión, la presión sobre el Ejecutivo se traslada al escenario internacional, donde la transparencia en la ejecución de los fondos post-pandemia se ha convertido en una prioridad para los reguladores de la Unión Europea, especialmente cuando la vida de los ciudadanos depende de la correcta implementación de la tecnología de seguridad.