La imagen de éxito y prosperidad que proyectan las leyendas del deporte a menudo oculta una realidad administrativa compleja. Un claro ejemplo es el de Fernando Romay, figura icónica del baloncesto español, quien a sus 65 años se encuentra en una encrucijada legal para acceder a la jubilación completa. El motivo no es la falta de trabajo, sino un sistema que, durante décadas, obligó a los atletas de primer nivel a elegir entre su cotización a la Seguridad Social y el sueño de representar a su país.
El dilema del amateurismo: Gloria olímpica vs. seguridad económica
Para entender la situación actual de Romay, es necesario retroceder a la época dorada del Real Madrid entre 1978 y 1993. Durante esos quince años, existía una dicotomía legal asombrosa: los jugadores eran considerados profesionales ante la Hacienda Pública pero mantenían un estatus de amateurs en el ámbito deportivo. Esta distinción no era caprichosa, sino una exigencia del Comité Olímpico Internacional de aquel entonces.
Si el club blanco hubiera dado de alta a sus jugadores en el régimen general de la Seguridad Social, estos habrían sido catalogados automáticamente como profesionales. Esta etiqueta les habría prohibido participar en los Juegos Olímpicos, así como en campeonatos europeos o con la Selección Española. En consecuencia, el compromiso con el deporte nacional impidió que figuras como Romay acumularan los años necesarios de cotización durante su etapa de mayor esplendor físico.
Un vacío legal entre toreros, artistas y empresas ficticias
La precariedad normativa de aquellos años llevó a situaciones surrealistas. El exjugador gallego recuerda con ironía que, ante la falta de una categoría específica, muchos deportistas de élite terminaban encuadrados en epígrafes destinados a artistas y toreros. A pesar de cumplir rigurosamente con sus obligaciones tributarias (pago de impuestos sobre la renta), las entidades que los contrataban no estaban obligadas a realizar las aportaciones sociales correspondientes.
- Estrategias de supervivencia: Algunos deportistas creaban sociedades ficticias para poder cotizar por su cuenta, aunque no era una práctica regulada ni obligatoria.
- Ausencia de autonomía: El sistema impedía que los jugadores se dieran de alta como autónomos en su actividad principal para evitar perder la condición de amateur.
- Desconexión territorial: Romay señala que su número de la Seguridad Social sigue vinculado a Galicia y no a Madrid, evidenciando que durante su larga estancia en la capital no existió registro laboral formal.
La factura del pasado: Cuatro años de déficit para la pensión
A pesar de haber alcanzado la edad de jubilación, la realidad financiera de Fernando Romay le obliga a mantenerse activo en el mercado laboral. Los coeficientes actuales determinan que, al no haber cotizado durante ese largo periodo de «amateurismo» forzado, no puede percibir el 100% de su pensión. Según sus propias estimaciones, todavía le restan cuatro años de actividad para compensar ese vacío y alcanzar la base reguladora máxima.
Este escenario no es exclusivo del pívot coruñés, sino que afecta a toda una generación que sirvió de puente hacia el profesionalismo moderno. No fue hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 cuando el marco jurídico cambió definitivamente, integrando a los deportistas de alta competición de forma plena en el sistema de protección social.
Hacia un reconocimiento histórico de los años tributados
El colectivo de exdeportistas, con Romay como una de sus voces más visibles, reclama ahora que se reconozca el esfuerzo realizado durante esos años de limbo legal. El argumento es sólido: si existió una tributación efectiva y se les prohibió activamente cotizar para salvaguardar el interés deportivo del país, el Estado debería encontrar una fórmula para que esos años computen en el cálculo de su jubilación.
En conclusión, la lucha de Fernando Romay pone de manifiesto que la élite deportiva no siempre garantiza un retiro dorado. La transición del deporte aficionado al negocio profesional dejó cicatrices administrativas que hoy, décadas después, obligan a nuestras leyendas a seguir batallando, ya no en las canchas, sino en los despachos de la Seguridad Social para obtener un trato justo tras una vida dedicada al éxito nacional.
