PSOE promete 100.000 viviendas y jornada de 37,5 horas

La hoja de ruta presentada por el PSOE para la próxima legislatura marca un punto de inflexión en la concepción del Estado del Bienestar en España. El documento estratégico para el 29 de noviembre no solo busca consolidar avances previos, sino que propone una reestructuración profunda de las garantías sociales, situando la reducción de la jornada laboral y el acceso a la vivienda en el epicentro del debate político actual.

El reto de la productividad: Jornada de 37,5 horas y salarios protegidos

Uno de los ejes transversales del programa es la transformación del mercado de trabajo. La formación liderada por Pedro Sánchez se compromete a culminar la transición hacia una jornada laboral de 37,5 horas semanales, eliminando la pérdida salarial en el proceso. Esta medida se plantea como un primer paso hacia las 35 horas, que quedarían sujetas a la negociación colectiva por sectores.

Para asegurar la dignidad económica de los trabajadores, se propone una garantía legal que sitúe el salario mínimo interprofesional (SMI) permanentemente por encima del 60% del salario medio nacional. Esta protección se complementaría con un endurecimiento de la Inspección de Trabajo para erradicar las horas extra no remuneradas y una revisión del despido improcedente, buscando que las indemnizaciones se ajusten de manera real al daño causado al empleado.

La vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar

El programa socialista aborda la crisis habitacional con una propuesta de reforma constitucional para elevar la vivienda a la categoría de derecho fundamental. Este cambio legislativo iría acompañado de una movilización económica sin precedentes: el compromiso de destinar anualmente el 1% del PIB a políticas de vivienda pública.

  • Creación de un parque público estatal compuesto por 100.000 inmuebles.
  • Consolidación de CASA 47 como herramienta pública para la gestión del mercado inmobiliario.
  • Reserva del 1% de la inversión en obra pública para la compra de viviendas destinadas al alquiler asequible.

Protección generacional: Pensiones blindadas y futuro juvenil

La sostenibilidad del sistema de clases pasivas es otra de las grandes prioridades. El PSOE apuesta por el blindaje constitucional de las pensiones, asegurando por ley que su revalorización siempre esté vinculada a la evolución del IPC. Además, el programa pone el foco en la equidad, buscando reducir de forma drástica la brecha de género en las prestaciones y mejorando la protección económica en situaciones de incapacidad vinculadas a procesos oncológicos.

Para las nuevas generaciones, se plantea un horizonte de derechos que incluye la aprobación de un Estatuto del Becario y planes específicos para fomentar el retorno del talento joven. En el ámbito democrático, destaca la propuesta de rebajar la edad de voto a los 16 años, una medida que busca integrar a la juventud de manera activa en la toma de decisiones institucionales.

Servicios públicos y justicia fiscal progresiva

El fortalecimiento de la sanidad y la educación se fundamenta en un modelo de fiscalidad progresiva. La propuesta electoral defiende que los grandes patrimonios y las rentas de capital asuman una mayor carga tributaria para financiar la mejora de la salud mental, la atención a la dependencia y la ampliación del sistema de becas educativas.

En el terreno institucional, el PSOE plantea una modernización del Senado para que funcione como una verdadera cámara territorial, junto a la eliminación de los aforamientos para delitos que no estén relacionados con el ejercicio del cargo. Este paquete de regeneración incluye también la creación de un «escaño ciudadano» en las Cortes, permitiendo una voz directa de la sociedad civil en las cámaras legislativas.

Transición ecológica y política migratoria solidaria

Finalmente, el programa no olvida los retos globales. Se apuesta por acelerar la descarbonización de la economía mediante el despliegue de renovables y una gestión más eficiente del agua ante el desafío climático. En cuanto a la migración, se propone un plan de integración dotado con 500 millones de euros, priorizando las vías legales y seguras para garantizar una acogida humanitaria y ordenada en el marco europeo.