Marlaska mantiene el gas lacrimógeno con protocolo ambiguo

La reciente actualización de las normas operativas para las Unidades de Intervención Policial (UIP) ha desatado una tormenta de críticas en el seno de la Policía Nacional. Lo que se presentaba como una regulación técnica ha terminado convirtiéndose, a ojos de los agentes, en un laberinto administrativo que traslada toda la responsabilidad legal de la institución al funcionario que debe tomar decisiones en milésimas de segundo a pie de calle.

La paradoja del gas lacrimógeno: Ni prohibido ni regulado con claridad

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha optado por una vía intermedia que no satisface a ninguna de las partes implicadas. En lugar de una prohibición tajante o una autorización clara, el nuevo texto introduce el concepto de «no recomendación» de uso con carácter general. Esta fórmula semántica es la que ha encendido las alarmas en los sindicatos, ya que no elimina la herramienta del catálogo policial, pero sí penaliza implícitamente su empleo al exigir justificaciones extraordinarias que no quedan definidas con precisión.

Esta ambivalencia normativa sitúa al agente en una posición vulnerable. Si opta por utilizar el espray de dotación ante una masa violenta, se expone a un expediente disciplinario si la administración considera, a posteriori y desde un despacho, que no concurrían las «circunstancias excepcionales» requeridas. Por el contrario, si renuncia a su uso por miedo a las represalias legales, la integridad física de los policías y la eficacia del operativo podrían verse comprometidas, obligando en ocasiones a recurrir al contacto físico directo, mucho más lesivo.

Inseguridad jurídica: El agente como último responsable

Desde organizaciones como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), se denuncia que esta instrucción supone una dejación de funciones por parte del Ministerio. El protocolo establece escenarios donde el uso de medios químicos está desaconsejado, tales como:

  • Contextos de resistencia pasiva donde no exista una agresión física directa.
  • Intervenciones que involucren a colectivos vulnerables, como menores o personas de avanzada edad, siempre que su condición sea perceptible.
  • Situaciones de control de masas con carácter general, salvo que sea el único recurso disponible para evitar un mal mayor.

El problema fundamental reside en la interpretación de conceptos como «peligro inminente» o «justificación debida». Para los mandos de las unidades antidisturbios, el Ministerio está realizando un uso político de la operatividad policial, cambiando las reglas de juego en función de la presión mediática y no de criterios técnicos de seguridad ciudadana. La instrucción actual colisiona con la actualización que la propia Dirección de la Policía realizó hace apenas unas semanas, lo que demuestra una improvisación que merma la moral de las unidades de élite.

El agravio comparativo: De Ferraz al 11-N

Dentro del cuerpo policial no ha pasado desapercibida la diferencia de criterio político según el escenario de la protesta. Se recuerda con indignación cómo, durante los disturbios en la calle Ferraz en 2024, el uso de estos mismos medios fue respaldado por el Gobierno como una intervención proporcional y necesaria ante grupos violentos. Sin embargo, tras los sucesos de la pasada huelga del 11 de noviembre, el discurso oficial ha girado hacia la fiscalización de los agentes.

Esta dualidad genera una sensación de arbitrariedad. Los mandos de seguridad ciudadana sostienen que el protocolo empleado en ambas situaciones es idéntico y que las cargas se ajustan a los principios de congruencia y oportunidad. La crítica interna es feroz: se acusa a Interior de protegerse políticamente a costa de dejar a los pies de los caballos a quienes deben garantizar el orden público.

Consecuencias operativas de un protocolo confuso

La consecuencia inmediata de este escenario es el bloqueo operativo. Un policía que duda sobre la legalidad de su herramienta de trabajo es un policía menos eficaz. Al no concretar cuándo es lícito actuar, Interior traslada el peso de la decisión política al uniforme, obligando a los agentes a realizar un análisis jurídico complejo en medio de disturbios, agresiones y lanzamientos de objetos.

En definitiva, la reforma del protocolo no parece responder a una necesidad de modernización de los medios, sino a un intento de calmar las aguas políticas sin ofrecer seguridad jurídica a los funcionarios. Mientras el Ministerio se mantiene en la ambigüedad de la «no recomendación», los sindicatos exigen claridad: o se prohíbe el material y se asumen las consecuencias operativas, o se regula con criterios técnicos que protejan al agente ante futuras denuncias penales o administrativas.