Juez traslada el caso Forestalia a la Audiencia Nacional

El panorama judicial de la trama vinculada a las energías renovables en Aragón ha dado un giro significativo. Lo que comenzó como una instrucción localizada en Teruel ha tomado una dimensión estatal, tras la decisión del magistrado Juan José Cortés de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. Este movimiento procesal coloca el expediente bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción número 5, liderado por Santiago Pedraz, unificando así diversas líneas de investigación que apuntan a una red de intereses cruzados y presuntos delitos económicos.

Las razones del traslado a la Audiencia Nacional

La resolución judicial se fundamenta en la existencia de nexos transversales que superan la competencia territorial de Teruel. Según el auto, existen evidencias de que las operaciones financieras y las adjudicaciones administrativas de Forestalia guardan una relación directa con otras causas ya abiertas en Madrid. La participación de figuras clave y la estructura societaria utilizada sugieren que los hechos investigados forman parte de un engranaje mucho más complejo.

El juez instructor ha subrayado que la unificación de la causa es necesaria debido a la concurrencia de los mismos protagonistas en diferentes pesquisas. Entre ellos, destaca la figura de Fernando Samper, expresidente de la compañía energética, cuyas gestiones con altos estamentos del Estado y con responsables del Ministerio de Transición Ecológica están siendo minuciosamente analizadas para determinar si existió un trato de favor sistemático.

Irregularidades financieras y beneficios bajo sospecha

Uno de los pilares de la investigación reside en la desproporción económica de ciertas operaciones de compraventa. La Guardia Civil, a través de la Ucoma (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente), ha puesto el foco en transacciones que parecen carecer de lógica comercial convencional, pero que habrían generado plusvalías millonarias. Los puntos más críticos del análisis incluyen:

  • Venta de sociedades promotoras con incrementos de valor exorbitantes en tiempos récord.
  • Operaciones de adquisición inicial por unos 141.000 euros que posteriormente se revendieron por más de 6,8 millones de euros.
  • Presuntos pagos de comisiones encubiertas a través de empresas de consultoría vinculadas a familiares de cargos públicos.

En este entramado, la figura de Eugenio Domínguez, antiguo subdirector de Calidad Ambiental, resulta fundamental. Se investiga si una sociedad vinculada a su entorno familiar recibió hasta 5,2 millones de euros como contraprestación por la validación de expedientes ambientales que, según los informes técnicos, presentaban deficiencias graves o no cumplían con la normativa vigente.

El Clúster del Maestrazgo y las Declaraciones de Impacto Ambiental

El impacto de estas decisiones administrativas no solo es contable, sino también medioambiental. La causa examina la validez de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) otorgadas a proyectos de gran envergadura como el Clúster del Maestrazgo. Este proyecto, que proyecta la instalación de más de un centenar de aerogeneradores en zonas protegidas por la Red Natura 2000, ha sido objeto de una intensa polémica.

La investigación sugiere que se pudo haber forzado la aprobación de estas autorizaciones en perjuicio de otros competidores y de la propia preservación del ecosistema. Mientras que otros promotores recibían negativas para emplazamientos similares, los proyectos vinculados a la trama obtenían luz verde, incluso tras haber sido elevados de forma excepcional al Consejo de Ministros para su ratificación final.

Oposición de la acusación popular al cambio de juzgado

No todos los actores jurídicos ven con buenos ojos este traslado de competencias. La asociación Adive, que ejerce la acusación popular, ha manifestado su intención de presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Teruel. El argumento central de la oposición reside en que la centralización de la causa en la capital podría diluir el análisis de los hechos ocurridos específicamente en el territorio aragonés.

Para el equipo legal de la acusación, la instrucción llevada a cabo en Teruel ha sido «ágil y exhaustiva», por lo que temen que el traslado a un órgano judicial con una carga de trabajo mucho mayor pueda ralentizar la obtención de pruebas o comprometer el esclarecimiento de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias que se imputan a los investigados. Defienden que la vinculación territorial de las plantas fotovoltaicas y eólicas justifica que el proceso permanezca bajo la tutela del juez que inició las diligencias.

Un escenario de detenciones y registros

La fase más visible de este proceso judicial se produjo con una serie de registros coordinados en Madrid y Zaragoza, que resultaron en la detención de varias personas del entorno cercano a la dirección de la empresa energética y de la administración pública. Entre los investigados se encuentran supuestos testaferros y profesionales del ámbito notarial, acusados de facilitar la opacidad de los acuerdos privados que sustentaban las transacciones bajo sospecha.

Con la causa ahora en manos de la Audiencia Nacional, se espera un análisis más profundo sobre cómo estas prácticas afectaron no solo a la libre competencia en el sector de las renovables, sino también a la integridad de las instituciones encargadas de velar por la protección del medio ambiente en España. El caso Forestalia se convierte así en una de las mayores investigaciones sobre corrupción administrativa en la transición energética actual.