Testimonio telemático: la nueva fase en la instrucción del rescate a Globalia
El avance de las investigaciones judiciales sobre el rescate financiero de Air Europa ha tomado un giro procedimental significativo. El magistrado José María Escribano, titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, ha autorizado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, preste declaración en calidad de testigo a través de videoconferencia. Esta decisión responde a una solicitud previa de la ministra, permitiéndole intervenir desde su propio despacho oficial o residencia privada el próximo lunes.
La comparecencia de Aagesen se enmarca en la lupa judicial sobre la concesión de un préstamo de 475 millones de euros por parte del Gobierno a la aerolínea. La justicia busca esclarecer los mecanismos de aprobación de estas ayudas públicas, otorgadas en un contexto de crisis sanitaria, y determinar si existieron irregularidades en la cadena de mando que dio luz verde a la inyección de capital. La ministra deberá comunicar al juzgado el sistema técnico que empleará para asegurar la fluidez de la conexión durante el interrogatorio.
Un desfile de altos cargos ante la justicia madrileña
El caso no se limita únicamente a la figura de la vicepresidenta. El juzgado ha diseñado un calendario de citaciones que abarca a una parte sustancial de la arquitectura económica del Ejecutivo. La relevancia del caso se mide por el nivel técnico y político de los testigos convocados, quienes deberán explicar su rol en la gestión del expediente de la aerolínea del grupo Globalia.
Entre los nombres destacados que han sido llamados a declarar se encuentran perfiles clave de diversos ministerios y organismos públicos:
- Ana de la Cueva, quien fuera secretaria de Estado de Economía.
- Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda y figura central en la supervisión de fondos.
- Raúl Blanco, ex secretario de Estado de Industria.
- Pedro Saura, vinculado anteriormente a la cartera de Transportes.
- Francisco Javier Loriente, desde la asesoría jurídica de la SEPI.
- Manuel de la Rocha, responsable de asuntos económicos en la Presidencia del Gobierno.
Este despliegue de testimonios busca reconstruir la trazabilidad de las decisiones que permitieron el rescate, analizando si la SEPI y los ministerios implicados cumplieron estrictamente con los protocolos de solvencia y necesidad exigidos por la normativa europea y nacional.
El origen de la causa: reuniones bajo sospecha y el papel de la SEPI
La reactivación de este proceso judicial tuvo lugar la pasada primavera, centrando el foco en la gestión de Bartolomé Lora, exvicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La investigación dio un paso adelante tras conocerse que existieron diversos encuentros directos entre responsables del holding público y la cúpula de la aerolínea, representatda por Javier Hidalgo.
Aunque las defensas de los investigados sostienen que estos contactos técnicos fueron necesarios para agilizar el proceso administrativo y garantizar el análisis de la información financiera, la instrucción trata de dirimir si ese trato preferente cruzó la línea de la legalidad administrativa. La causa, que fue reabierta tras un periodo de inactividad, intenta ahora conectar los puntos entre las reuniones técnicas de la SEPI y la aprobación definitiva del consejo de ministros, en un escenario donde la transparencia en el uso de fondos públicos es el eje fundamental del debate jurídico.
Con la declaración de Aagesen y el resto de responsables, el magistrado Escribano pretende cerrar el círculo sobre un rescate que sigue generando controversia política y judicial por las cifras implicadas y los vínculos entre los protagonistas de la negociación.
