Montero defiende su gestión de las pulseras ante la Fiscalía

La evolución de las herramientas de seguridad pública ha puesto bajo el foco la gestión tecnológica del anterior Ministerio de Igualdad. En una reciente intervención mediática, la actual candidata europea, Irene Montero, ha abordado con firmeza la investigación abierta por la Fiscalía Europea respecto a los contratos de los dispositivos de seguimiento telemático para la protección de mujeres. Montero no solo ha expresado su total disposición a colaborar con la justicia, sino que ha centrado su discurso en la urgencia de renovar un ecosistema digital que considera obsoleto para las necesidades actuales de seguridad.

Del ‘zapatófono’ a la protección integral: El cambio de hardware

Uno de los ejes centrales en la defensa de la gestión de Montero reside en la precariedad de los recursos encontrados al inicio de su mandato. Según la exministra, la tecnología utilizada para el control de agresores databa del año 2013, lo que resultaba en dispositivos de dimensiones excesivas y autonomía insuficiente. Estos aparatos, descritos coloquialmente como «zapatófonos«, presentaban fallos críticos en la duración de la batería, comprometiendo la integridad de las usuarias en situaciones de movilidad.

La renovación de estos terminales no se planteó únicamente como una actualización estética, sino como una necesidad operativa. La transición hacia dispositivos más compactos y eficientes buscaba garantizar que la herramienta de protección no se convirtiera en una carga adicional o un estigma para la víctima, sino en una solución tecnológica discreta y funcional ante cualquier vulnerabilidad de seguridad.

La innovación multiagresor y el nuevo paradigma de violencia sexual

Más allá de la mejora del hardware, la reestructuración del servicio buscaba responder a la ampliación de los derechos recogidos en las nuevas normativas. Montero destaca que la tecnología previa era exclusiva para casos de violencia de género convencional, dejando un vacío técnico ante otras realidades. La introducción de la tecnología multiagresor supuso un avance significativo por diversos motivos:

  • Unificación de dispositivos: Permite que una víctima con varios agresores con orden de alejamiento porte un único terminal en lugar de múltiples aparatos.
  • Ampliación del espectro de protección: Extensión del uso de pulseras a víctimas de violencia sexual, más allá del ámbito de la pareja o expareja.
  • Optimización de fondos europeos: Implementación de infraestructuras como los centros de crisis 24 horas, financiados con recursos de la Unión Europea.

Transparencia institucional y fiscalización de los Fondos Next Generation

La investigación que lidera la Fiscalía Europea se centra en el uso de los fondos destinados a estos contratos. Ante esto, Montero ha reivindicado que España ha sido uno de los países líderes en la ejecución de fondos europeos para políticas de igualdad, recibiendo felicitaciones previas por la rapidez y enfoque de las inversiones. Para la exministra, la auditoría de estos procesos es un paso natural dentro de la gestión pública, aunque separa tajantemente las decisiones tomadas durante su periodo de las acciones ejecutadas tras su salida del Ejecutivo.

La defensa de este modelo no solo se limita al cumplimiento administrativo, sino a la validación de un cambio de estrategia en la protección telemática. El objetivo final, según el análisis de la gestión saliente, era dotar al Estado de una arquitectura de seguridad capaz de responder a la complejidad de las violencias actuales, minimizando los errores técnicos que durante una década lastraron la confianza en estos sistemas.

Un debate técnico sobre la seguridad de las víctimas

En conclusión, el conflicto actual trasciende el ámbito político para situarse en un debate sobre la soberanía tecnológica y la eficiencia del gasto en seguridad ciudadana. La apuesta por renovar un sistema de 2013 se presenta como un movimiento necesario para evitar la desprotección real derivada de la obsolescencia programada de los equipos estatales. La justicia determinará ahora si los costes y procesos de adjudicación se ajustaron a derecho, mientras el legado de la digitalización de la protección a las víctimas permanece como uno de los pilares de la anterior legislatura en Igualdad.