ADIF alteró las condiciones de un contrato para los Corvillo

La integridad de los procesos de contratación pública vuelve a estar en entredicho tras analizar las maniobras administrativas que facilitaron la adjudicación de un proyecto de medio millón de euros por parte de ADIF. El foco se centra en una licitación de mayo de 2022 destinada a la adecuación de pasos entre andenes en Andalucía, un contrato que terminó en manos de una firma estrechamente ligada a la red de los hermanos Corvillo, protagonistas de recientes investigaciones judiciales por presuntos amaños en obras del Estado.

Ajustes técnicos a medida: de la veteranía a la mínima experiencia

Uno de los aspectos más llamativos de este expediente es la metamorfosis que sufrieron los requisitos técnicos exigidos a los licitadores. En el informe inicial de septiembre de 2021, el administrador de infraestructuras ferroviarias estableció que el jefe de obra debía poseer una trayectoria sólida, concretamente diez años de experiencia demostrable en trabajos de demolición. Esta exigencia garantizaba que el proyecto fuera supervisado por un profesional altamente cualificado.

Sin embargo, apenas tres semanas después, la normativa interna del contrato dio un giro radical. ADIF modificó el apartado de solvencia técnica para rebajar drásticamente el listón: los diez años de experiencia iniciales se redujeron a tan solo dos años en obras de edificación. Este cambio permitió que empresas con equipos menos experimentados, como la finalmente adjudicataria, pudieran competir en igualdad de condiciones con grandes constructoras nacionales.

El umbral estratégico y la solvencia económica

La ingeniería administrativa no se detuvo en el personal técnico. La estrategia de licitación parece haber sido diseñada para evitar controles más estrictos. El valor estimado de las obras se fijó en 499.857 euros, una cifra que se situó exactamente 142 euros por debajo del límite legal que obliga a las empresas a poseer una clasificación específica como contratista de obras del Estado. Esta precisión matemática permitió a Construcciones Gallardo Barrera acreditar su capacidad financiera mediante una vía alternativa mucho más laxa.

Además, ADIF emitió una fe de erratas para modificar el periodo de análisis de la solvencia financiera de los licitadores. Los puntos clave de esta modificación incluyeron:

  • Reducción del histórico de obras ejecutadas de cinco a tres años.
  • Ajuste de los porcentajes de facturación anual exigidos para validar la capacidad económica de la empresa.
  • Aceptación de cuentas de ejercicios anteriores (2018-2020) que beneficiaban directamente el balance de la constructora jiennense.

La conexión con la trama de los hermanos Corvillo

Detrás de la adjudicataria aparece la figura de Santiago Barrera Gallardo, empresario detenido recientemente por la UCO en el marco de una investigación sobre mordidas y amaños en el sector público. La vinculación de Barrera con Rubén y Cristian Corvillo es estructural, compartiendo cargos en diversas sociedades como GB Inversiones Integrales 2018 y otras entidades con sede en Córdoba.

La red societaria de los Corvillo ha sido señalada por su capacidad para penetrar en la administración pública. Cabe destacar que, aunque la oferta de Gallardo Barrera no era la más económica de los 11 licitadores presentados, consiguió el contrato después de que ADIF descartara a las dos empresas con mejores precios alegando bajas temerarias o anormales. Al final, el criterio del precio —único baremo de la licitación— terminó favoreciendo a la firma vinculada a la trama.

Continuidad en las adjudicaciones de menor cuantía

La relación entre el ente público y esta constructora no fue un evento aislado. Tras el éxito del contrato de medio millón de euros, la empresa continuó recibiendo encargos de menor envergadura, como el vallado de estaciones ferroviarias en Córdoba. Estos contratos menores, adjudicados a menudo por el importe exacto de la licitación, refuerzan las sospechas sobre un trato preferencial sistemático hacia las empresas del entorno de los Corvillo.

Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los procedimientos abiertos simplificados cuando se utilizan modificaciones de última hora en los pliegos para moldear el perfil del ganador ideal, alejándose de los principios de transparencia y libre competencia que deben regir la inversión pública en infraestructuras.