El debate sobre las competencias y las responsabilidades técnicas ha centrado la comparecencia de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la comisión de investigación del Senado. Lejos de asumir una falta de diligencia, Polo ha sostenido una postura firme: el organismo que dirige cumplió con su función de suministro de datos, desplazando la carga de la gestión operativa hacia los servicios de emergencias autonómicos. El eje de la controversia se ha situado en la vigilancia física del barranco del Poyo y la utilidad de las alertas enviadas durante las horas críticas de la catástrofe.
El conflicto competencial: ¿Quién debe mirar el cauce?
Uno de los puntos de mayor fricción entre el senador Luis Santamaría y el responsable de la CHJ ha sido la interpretación de lo que significa «vigilar» un cauce en situación de riesgo. Para la presidencia de la Confederación, la idea de desplegar personal exclusivamente para observar el nivel del agua de forma visual es una premisa errónea. Polo ha sido tajante al afirmar que no existía la obligación de enviar efectivos para una monitorización presencial, ya que el sistema descansa en la sensorización técnica y no en la observación humana a pie de barranco.
A pesar de que se confirmó la presencia de agentes medioambientales en la zona durante la jornada del 29 de octubre, el presidente de la CHJ aclaró que su función no era la de personal operativo de emergencias. Según su argumentación, estos efectivos actúan bajo la dirección de quien coordina la emergencia y no como vigilantes autónomos de la crecida. El hecho de que el último efectivo se retirara antes de las cinco de la tarde fue defendido como una decisión coherente con el marco competencial, donde la Confederación provee la información que genera su red de sensores pero no dirige las acciones de protección civil.
La polémica del aviso «redundante» a las 18:43
La gestión de la información entre las 16:30 y las 19:00 horas ha sido el núcleo del interrogatorio político. El senador Santamaría ha cuestionado el silencio sobre los caudales durante ese intervalo, centrándose en el correo electrónico remitido al Cecopi a las 18:43. La respuesta de Polo ha introducido un matiz que ha generado estupor en la cámara: calificó dicho aviso como información redundante. Su tesis es que los datos de flujo y desbordamiento ya estaban disponibles de forma automatizada y que el correo no aportaba un conocimiento que el sistema no hubiera comunicado ya por otros canales técnicos.
Este enfoque revela una desconexión interpretativa entre las administraciones:
- La CHJ defiende que la automatización de los datos es suficiente para que Emergencias actúe.
- El PP sostiene que la falta de una comunicación humana y directa sobre la gravedad del caudal supuso una negligencia fatal.
- Se cuestiona si el sistema automático es una herramienta de apoyo o el único canal válido de alerta.
Estado crítico de las infraestructuras: La presa de Forata
Más allá de la gestión de alertas, la comparecencia ha puesto bajo el foco el estado de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. Polo ha reconocido que los desagües de fondo de la presa de Forata se encuentran inoperativos en la actualidad. Aunque ha desvinculado este fallo técnico de la estabilidad estructural del embalse durante la riada, el dato subraya las carencias en la inversión y el mantenimiento de elementos clave para la laminación de avenidas.
La defensa de la gestión de infraestructuras ha derivado también en un choque ideológico. Polo ha recordado que las escasas presas destinadas exclusivamente a frenar riadas en España fueron promovidas bajo mandatos socialistas, una afirmación que ha sido recibida por la oposición como un intento de politizar una comparecencia técnica. Este cruce de reproches ha obligado a la presidencia de la comisión a intervenir en repetidas ocasiones para calmar los ánimos.
Conclusiones de una jornada de alta tensión
La sesión en el Senado ha dejado clara la estrategia de la Confederación Hidrográfica del Júcar: blindarse tras el estricto cumplimiento de los protocolos técnicos y los límites de sus competencias legales. Miguel Polo rechaza que la CHJ deba actuar como un servicio de protección ciudadana en primera línea, limitando su responsabilidad a la operatividad de los sensores del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAI).
El cierre del interrogatorio ha evidenciado que el conflicto no es solo técnico, sino profundamente jurídico. Mientras el organismo de cuenca se remite a los autos judiciales para validar su proceder, la representación política insiste en que el conocimiento técnico de un riesgo inminente exigía una proactividad que, a juicio del PP, brilló por su ausencia. La catástrofe del barranco del Poyo sigue siendo, así, un campo de batalla donde la interpretación de los reglamentos choca frontalmente con la magnitud de la tragedia sufrida.