La actual crisis migratoria en Canarias no solo representa un reto humanitario de primer orden, sino que ha puesto al límite la capacidad operativa y económica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este contexto, el sindicato Jupol ha alzado la voz para exigir una compensación económica justa: un plus de 100 euros diarios por productividad extraordinaria para los agentes que prestan servicio en la isla de El Hierro.
Un escenario de saturación operativa en El Hierro
La presión sobre la pequeña isla canaria ha alcanzado cotas históricas. Durante las primeras semanas de noviembre, el flujo de personas que han llegado a sus costas ha superado los 10.000 individuos, con jornadas críticas donde se han contabilizado más de 1.300 arribadas en apenas 24 horas. Esta situación ha provocado el colapso del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), obligando a los agentes a realizar jornadas extenuantes que incluyen tareas de custodia, identificación y gestión administrativa bajo una presión constante.
Desde la organización sindical se subraya que el dispositivo policial actual se mantiene bajo condiciones de especial penosidad. Los recursos locales se han visto desbordados, lo que ha forzado a la Administración a desplazar efectivos desde diversos puntos de la geografía nacional, en muchos casos recurriendo a comisiones de servicio forzosas ante la falta de voluntarios suficientes para cubrir un despliegue de tal magnitud.
El «impuesto» por trabajar: dietas congeladas desde 2005
Uno de los puntos más críticos de la denuncia presentada ante el Consejo de Policía es el grave perjuicio económico que sufren los funcionarios desplazados. Jupol señala que las indemnizaciones por servicio no se han actualizado de forma efectiva desde hace casi dos décadas. El desfase acumulado respecto al IPC (Índice de Precios de Consumo) se sitúa ya en un alarmante 53,7%, lo que convierte las dietas actuales en una cuantía insuficiente para cubrir la realidad del mercado actual.
En territorios con una alta demanda turística o insularidad acusada, como es el caso de El Hierro, el coste del alojamiento y la manutención supera con creces lo estipulado oficialmente. Esto deriva en una situación que el sindicato califica de inadmisible: que los policías nacionales tengan que financiar de su propio bolsillo parte de los gastos derivados de su trabajo. Para Jupol, es imperativo que la Administración garantice que ningún agente pierda patrimonio personal por cumplir con su deber en una zona de emergencia.
Exigencias clave para dignificar el despliegue policial
La propuesta enviada a la Dirección General de la Policía no se limita únicamente al cobro de la gratificación extraordinaria de 100 euros, similar a la que ya se percibe en Ceuta por circunstancias análogas. El sindicato ha puesto sobre la mesa una batería de medidas urgentes para paliar la precariedad de los agentes:
- Adelanto de fondos: Uso de la caja pagadora de la Comisaría Provincial para que los policías no deban anticipar su capital personal antes de viajar.
- Actualización de cuantías: Autorización de incrementos excepcionales en las dietas para ajustarlas a los precios reales de los hoteles y restaurantes en la isla.
- Flexibilidad administrativa: Exención de la obligación de presentar justificantes de alojamiento en base a la normativa vigente, agilizando la gestión de las dietas.
- Respeto a la conciliación: Denuncian que las órdenes de incorporación inmediata impiden cualquier tipo de organización familiar, generando un estrés añadido a la labor operativa.
Hacia una respuesta estructural ante la emergencia
La conclusión de los representantes de los trabajadores es clara: la profesionalidad y el compromiso de los policías nacionales no pueden ser el parche que cubra la falta de previsión de la Administración. Si se demanda un esfuerzo que va mucho más allá de lo ordinario, el reconocimiento debe ser proporcional en términos económicos y de recursos humanos.
En definitiva, la reclamación de Jupol busca evitar que la crisis migratoria se traduzca en una pérdida de derechos y bienestar para quienes están en primera línea. El sindicato advierte que continuará presionando para que trabajar en dispositivos de alta intensidad no suponga un castigo financiero para las familias de los agentes implicados en la seguridad de las fronteras españolas.
