El actual escenario político en el Estado español atraviesa un momento de tensión estructural respecto a su arquitectura territorial. Mientras las instituciones centrales conmemoran la longevidad de la Constitución de 1978, las principales fuerzas soberanistas de izquierda —ERC, EH Bildu y el BNG— han lanzado un órdago político que busca desmantelar el consenso de la Transición. Para estas formaciones, la estabilidad del texto constitucional no es un síntoma de éxito democrático, sino una barrera que impide el reconocimiento de la plurinacionalidad y el ejercicio de la soberanía popular.
El agotamiento del modelo de 1978: Hacia una ruptura constituyente
La crítica fundamental de los bloques soberanistas radica en la génesis del actual sistema. A través del manifiesto titulado ‘Naciones con pleno derecho a decidir’, ERC, EH Bildu y BNG sostienen que la Carta Magna no fue el fruto de una ruptura democrática genuina, sino un pacto condicionado por las élites que permanecieron tras la dictadura. Esta interpretación sugiere que los límites impuestos en 1978 blindaron una estructura de poder que, décadas después, sigue negando la identidad política de Cataluña, el País Vasco y Galicia.
En lugar de una evolución natural del autogobierno, estas fuerzas perciben un estancamiento deliberado. Argumentan que el marco jurídico actual se ha convertido en un instrumento de centralismo que subordina la voluntad de las mayorías sociales de sus respectivos territorios a una visión uniforme e indivisible de la nación española. Por ello, la propuesta no es una reforma parcial, sino la apertura de un proceso constituyente que parta de una hoja en blanco institucional.
La Corona y el déficit democrático como ejes de confrontación
Uno de los puntos de fricción más simbólicos es el papel de la Monarquía. Para los partidos independentistas y soberanistas, la institución monárquica representa la continuidad de un modelo impuesto y actúa como el principal garante de la unidad forzada del Estado. Su ausencia en los actos oficiales del Congreso, presididos por los reyes, no es solo un gesto protocolario, sino una denuncia política contra lo que consideran una «herencia del régimen anterior» que impide la modernización republicana del Estado.
Los argumentos presentados por las tres formaciones se centran en varios pilares críticos:
- La ausencia de legitimidad de origen de un texto redactado bajo la tutela de los poderes fácticos del franquismo.
- La imposición de un modelo social injusto que prioriza las estructuras estatales sobre el bienestar y los derechos de los trabajadores en las periferias.
- La negación sistemática de vías legales para que la ciudadanía pueda decidir su estatus político de manera democrática y vinculante.
Autodeterminación: El reconocimiento efectivo de las naciones
Para ERC, Bildu y el BNG, el reconocimiento de la plurinacionalidad en España ha sido, hasta la fecha, meramente retórico o administrativo. Exigen que el Estado dé el salto hacia un reconocimiento político y efectivo, donde Cataluña, Galicia y el País Vasco sean tratados como sujetos políticos con capacidad de interlocución de igual a igual. El concepto de autodeterminación no se plantea como una concesión, sino como un derecho inherente a la naturaleza nacional de estos pueblos.
La experiencia de las últimas décadas demuestra, según el análisis de estas fuerzas, que el techo competencial de las autonomías ha sido alcanzado y, en muchos casos, recortado por la vía judicial. Esto refuerza su tesis de que solo a través de la soberanía plena se pueden garantizar los derechos civiles y sociales que sus poblaciones demandan.
Un nuevo horizonte de libertad para los pueblos
La conclusión de este frente común es clara: el futuro no puede estar encorsetado por leyes redactadas hace casi medio siglo en un contexto de miedo y tutela militar. La proclama «Democracia es decidir» sintetiza una visión donde el derecho a decidir se convierte en el motor de un nuevo orden político basado en la libre adhesión y el respeto mutuo entre naciones.
Este desafío al régimen del 78 busca generar un horizonte donde la igualdad entre los pueblos no sea una aspiración, sino una realidad palpable. Mientras el Estado se aferra a la longevidad de su norma fundamental, el independentismo de izquierdas se posiciona en la construcción de una alternativa que priorice la libertad de los pueblos y la ampliación de derechos democráticos frente a la inmovilidad constitucional.