Terremoto en la cúpula policial: renuncia fulminante del DAO
La estructura de mando de la Policía Nacional ha sufrido un revés institucional sin precedentes. El que hasta ahora ejercía como el máximo mando técnico del cuerpo, el Director Adjunto Operativo (DAO) José Ángel González Jiménez, ha abandonado sus funciones de manera abrupta este martes. Esta decisión se produce inmediatamente después de hacerse pública la existencia de una querella judicial interpuesta contra su persona por una subordinada directa de la institución policial, lo que ha generado una crisis de reputación interna de calado.
Graves acusaciones: Más allá de la agresión sexual
La denuncia que ha precipitado la caída del número dos de la policía no se limita exclusivamente a un presunto delito de agresión sexual. Según los detalles que han trascendido del proceso jurídico iniciado contra González Jiménez, la agente denunciante también le atribuye una serie de conductas delictivas adicionales que agravan considerablemente la situación procesal del exmando:
- Coacciones continuadas en el ejercicio de su cargo y superioridad jerárquica.
- Presunto delito de lesiones psíquicas derivadas del hostigamiento denunciado.
- Posible malversación de caudales públicos, un cargo que añade una dimensión de corrupción administrativa al caso.
Calendario judicial y comparecencias previstas
El recorrido legal de este caso ya tiene una hoja de ruta definida en los tribunales madrileños. El magistrado encargado de la instrucción, David Yehiel Maman, ha tomado las primeras medidas procedimentales tras admitir a trámite la querella. El calendario judicial establece que el próximo 17 de marzo, a las 10:30 horas, tanto José Ángel González Jiménez como la mujer denunciante deberán comparecer ante el juez para prestar declaración oficial sobre los hechos relatados.
Esta crisis pone el foco sobre la eficacia de los protocolos de protección para las mujeres dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La dimisión, aunque inmediata tras la revelación del escándalo, abre un periodo de incertidumbre en la operatividad de la Policía Nacional, mientras se dirimen responsabilidades penales que podrían marcar un precedente histórico en la gestión de los altos cargos de seguridad en España. El caso queda ahora a la espera de las pruebas periciales y testimoniales que determinen el alcance real de las acusaciones vertidas contra el antiguo DAO.