El Ministerio del Interior se encuentra en el centro de una tormenta institucional tras la reciente salida de su máximo mando operativo. **Fernando Grande-Marlaska** ha querido zanjar cualquier duda sobre el tiempo de respuesta oficial, asegurando que la institución no tuvo constancia de la querella por **agresión sexual** contra José Ángel González hasta este pasado martes, momento en el que se activaron los protocolos de cese.
Transparencia y cese fulminante: El relato de los hechos según Marlaska
El titular de la cartera de Interior ha sido tajante al afirmar que el **cese inmediato** del hasta ahora Director Adjunto Operativo (DAO) fue la única vía posible ante la gravedad de las acusaciones. Según el ministro, el desconocimiento previo por parte del Gobierno se explica por la estrategia de la representación legal de la víctima, que optó por mantener la denuncia bajo estricta reserva hasta su judicialización.
Esta falta de filtraciones, que se extendió tanto a los medios de comunicación como a los **sindicatos policiales**, permitió que el caso se mantuviera fuera del radar institucional hasta que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid citó al mando como investigado. Marlaska sostiene que la rapidez de la administración fue absoluta: «Al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia», subrayó ante los medios.
Investigación sobre presuntas coacciones en el seno de la Dirección
La crisis de reputación no se limita exclusivamente a la figura del ya ex-DAO. El Ministerio ha ordenado la apertura de una **información reservada** sobre el comisario Óscar San Juan González, quien ejercía como asesor directo en la Dirección Adjunta Operativa. Los motivos detrás de esta decisión son alarmantes:
- Se investiga si existieron **presiones o coacciones** directas hacia la agente que presentó la denuncia.
- Se analiza el presunto ofrecimiento de beneficios laborales o destinos preferentes a cambio de silencio.
- El Ministerio ha decretado su relevo preventivo de cualquier responsabilidad operativa mientras se esclarecen los hechos.
Un final abrupto para una trayectoria de cuatro décadas
José Ángel González Jiménez, quien lideraba la estructura de la **Policía Nacional** desde 2018, ve terminada su carrera de forma estrepitosa tras cuarenta años de servicio. Su posición ya había sido objeto de debate político reciente debido a la controvertida decisión del Ejecutivo de postergar su jubilación obligatoria.
Mediante una modificación legal insertada en el decreto de medidas por la **DANA de Valencia**, el Ministerio había permitido que González continuara en su puesto tras cumplir los 65 años en noviembre de 2024. Esta maniobra técnica, muy criticada por la oposición y ciertos sectores del cuerpo, queda ahora empañada por el proceso judicial que enfrenta el exmando por un presunto delito cometido contra una subordinada.
Preservar el prestigio de la institución policial
Para la cúpula de Interior, la prioridad en este momento es blindar la imagen de la **Policía Nacional** frente a las acciones individuales de sus integrantes, independientemente de su rango. La aceptación de la renuncia y la contundencia en los relevos buscan proyectar un mensaje de **tolerancia cero** ante cualquier indicio de violencia de género o abuso de poder dentro de las fuerzas de seguridad del Estado.