El galardón de la polémica: Una medalla de plata tras el intento de silenciamiento
La gestión del Ministerio del Interior se encuentra bajo un intenso escrutinio tras revelarse que el comisario Óscar San Juan, principal asesor del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, fue distinguido con la Medalla al Mérito Policial con distintivo de plata. Esta condecoración, que conlleva un incremento vitalicio del 15% en el salario, se produjo apenas tres meses después de que San Juan presuntamente intentara mediar para evitar una denuncia por agresión sexual contra su superior, el ya dimitido Jose Ángel González.
La entrega de esta distinción en octubre, coincidiendo con el patrón de la Policía, ha generado una profunda indignación interna. Fuentes del cuerpo subrayan que estas medallas suelen reservarse para trayectorias de jubilación o actos de servicio extraordinarios. En este caso, la propuesta surgió directamente del número dos de la Policía, beneficiando a su colaborador más estrecho en un momento en que la víctima ya sufría las consecuencias del presunto abuso de poder.
La estrategia del «destino a la carta» para frenar la denuncia
Según la querella presentada, el papel del asesor, conocido en ámbitos policiales como el «mini DAO», no fue administrativo, sino de contención de crisis. El documento judicial detalla una serie de comunicaciones durante julio de 2025 donde se habría intentado «comprar» el silencio de la agente afectada. La táctica empleada consistía en el ofrecimiento de beneficios profesionales y traslados a puestos de trabajo de su elección a cambio de no judicializar los hechos ocurridos en la vivienda oficial del DAO.
- Múltiples llamadas telefónicas registradas para sondear la voluntad de la víctima.
- Uso de mensajería instantánea para solicitar que eligiera un nuevo destino laboral.
- Presiones basadas en la jerarquía institucional para evitar el escándalo público.
La agente, miembro de la escala ejecutiva, rechazó tajantemente estas dádivas, advirtiendo que los hechos eran constitutivos de delito. La respuesta del entorno del DAO fue, presuntamente, intentar desvincular las llamadas de cualquier coacción, alegando un interés casual por su bienestar profesional, una versión que choca con el historial de acoso denunciado por la mujer.
Cronología de una agresión en las altas esferas del poder
El núcleo del caso se remonta a abril de 2025, cuando la víctima, siguiendo órdenes directas, tuvo que trasladar al DAO a su domicilio oficial tras un almuerzo de trabajo. Lo que debía ser una tarea rutinaria se convirtió en un episodio de violencia sexual dentro del inmueble del Ministerio. La querella expone cómo González Jiménez, aprovechándose de su posición de superioridad, forzó un contacto físico que la agente rechazó de forma reiterada y explícita.
Tras el incidente, la mujer sufrió una crisis de ansiedad severa y se vio obligada a solicitar la baja psicológica ante la imposibilidad de continuar trabajando bajo el mando de su agresor. Los ataques verbales no cesaron; el investigado habría alternado mensajes de victimización propia con insultos y nuevas ofertas laborales, en un intento desesperado por mantener el control sobre la situación y la narrativa de los hechos.
Asimetría de poder y consecuencias institucionales
La relación previa entre ambos, que la víctima terminó unilateralmente antes de la agresión, estuvo marcada desde el inicio por una asimetría de poder manifiesta. La investigación apunta a que el DAO nunca aceptó el fin de ese vínculo, iniciando una conducta obsesiva que derivó en la instrumentalización de la estructura policial para sus fines personales. El control psicológico y la dominación institucional fueron las herramientas utilizadas para intentar someter la voluntad de la subordinada.
La dimisión de Jose Ángel González el pasado martes, motivada por su citación judicial para marzo, marca un punto de inflexión en la cúpula de seguridad de Fernando Grande-Marlaska. El cese de su asesor, Óscar San Juan, llega solo después de que el escándalo de las presiones y la inoportuna condecoración salieran a la luz pública, dejando en evidencia las grietas en los mecanismos de control interno y la cuestionable política de premios del Ministerio del Interior ante casos de presunto abuso de autoridad.