La cúpula de la Policía Nacional se enfrenta a un terremoto institucional tras las graves acusaciones vertidas contra el Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González. Sin embargo, la querella no solo pone el foco en el máximo responsable operativo, sino también en su entorno más cercano. El comisario Óscar San Juan González, asesor directo del DAO, aparece señalado como una pieza clave en una supuesta estrategia de silenciamiento mediante el ofrecimiento de beneficios laborales a la agente denunciante.
El intercambio de favores: Destinos a la carta para evitar la justicia
Según los detalles que han trascendido del proceso judicial, el asesor del DAO habría intentado frenar la interposición de la denuncia mediante una oferta de movilidad geográfica privilegiada. En julio de 2025, San Juan González se habría puesto en contacto con la víctima para instarla a elegir, de manera arbitraria, cualquier puesto o destino de trabajo que deseara. La instrucción era clara: una vez decidido el lugar, debía comunicarlo por mensajería instantánea para tramitar el cambio.
Este movimiento es interpretado por la acusación como una maniobra de coacción institucional. Lejos de ser un gesto de apoyo, el ofrecimiento de elegir un destino «a la carta» se enmarca, presuntamente, en una campaña de presión para garantizar que los hechos ocurridos meses antes no salieran a la luz pública ni llegaran a los tribunales.
Cronología del abuso: El uso de medios públicos en la agresión
El origen de este escándalo se sitúa en abril de 2025. La narrativa de los hechos describe una preocupante instrumentalización de los recursos del Estado para fines personales y delictivos. El DAO habría utilizado su superioridad jerárquica para obligar a la agente, que se encontraba de servicio en la Comisaría de Coslada, a abandonar su puesto para acudir a una comida personal.
La gravedad de la denuncia aumenta al detallar cómo se empleó un vehículo policial oficial para trasladar al alto mando a su residencia de titularidad pública. Fue en este domicilio oficial donde, según la querella, se produjo la agresión sexual. La víctima sostiene que, a pesar de su negativa reiterada, González Jiménez impuso su autoridad con frases que subrayaban su posición de poder dentro del cuerpo policial para consumar el acto.
Imputaciones legales y el impacto psicológico en la víctima
La querella presentada no se limita a la esfera de la libertad sexual, sino que abarca un espectro delictivo que pone en entredicho la gestión de la Dirección General de la Policía. Los delitos imputados al que fuera DAO incluyen:
- Agresión sexual con penetración, agravada por la relación de superioridad.
- Coacciones continuadas para forzar el silencio de la agente.
- Lesiones psíquicas derivadas del hostigamiento y el trauma vivido.
- Malversación de caudales públicos, por el uso ilícito de vehículos y viviendas del Estado.
El relato judicial describe un escenario de acoso posterior tras la agresión. La víctima asegura haber recibido múltiples llamadas y mensajes de carácter ofensivo en los que el agresor intentaba revertir la situación, culpabilizándola y tratándola de manera despectiva. Esta presión psicológica desembocó en cuadros de ansiedad severa, documentados como parte de las pruebas del daño sufrido por la funcionaria.
Una estructura de poder bajo sospecha
Lo más alarmante de este caso es la supuesta existencia de una red de protección interna. La implicación del asesor Óscar San Juan sugiere que la asimetría de poder no fue un hecho aislado entre dos personas, sino una herramienta utilizada por la estructura jerárquica para proteger a sus altos mandos. La oferta de un nuevo puesto de trabajo no solo representaría un presunto trato de favor, sino un intento de comprar la impunidad dentro de una institución que debería velar por el cumplimiento de la legalidad.
El proceso judicial determinará ahora las responsabilidades penales de ambos mandos, en un caso que ya se perfila como uno de los mayores desafíos éticos y legales para la seguridad pública en los últimos años.