El cerco judicial se estrecha sobre el entorno del exjefe de la Policía Nacional
La crisis institucional en la cúpula de la Seguridad del Estado ha tomado un giro determinante tras las últimas revelaciones judiciales. La inspectora que denunció por agresión sexual a José Antonio González, exjefe operativo de la Policía, ha puesto ahora en la diana al comisario Óscar San Juan. El que fuera asesor clave de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) ha sido apartado de sus funciones por el Ministerio del Interior tras conocerse las graves acusaciones que lo señalan como el brazo ejecutor de una presunta estrategia de silenciamiento y coacción hacia la víctima.
La estrategia de la defensa de la inspectora busca demostrar que existió un plan orquestado desde las altas esferas para evitar que el escándalo saliera a la luz. Por ello, se ha solicitado formalmente el interrogatorio de San Juan, cuya relevancia en el caso ha pasado de ser administrativa a convertirse en una pieza fundamental para entender la red de protección institucional que rodeaba al anterior mando policial.
Dádivas profesionales: El ofrecimiento de destinos a la carta
El núcleo de la querella presentada revela una mecánica de presunta corrupción interna basada en el intercambio de favores. Según el relato de la agente, el poder institucional del querellado se utilizó para intentar una «compra de silencio» a través de beneficios laborales. Los puntos clave de esta denuncia incluyen:
- Libertad de elección: El comisario San Juan habría instado a la víctima a elegir cualquier destino de trabajo deseado dentro de la estructura policial.
- Comunicación informal: Se solicitó que dicha elección fuera comunicada a través de aplicaciones de mensajería privada, evitando los cauces administrativos habituales.
- Poder jerárquico: El uso de la figura del asesor del DAO como intermediario para presionar a una subordinada aprovechando la asimetría de mando.
La víctima sostiene que estas llamadas no eran gestiones rutinarias, sino una respuesta directa a sus quejas internas, buscando neutralizar cualquier posibilidad de denuncia judicial mediante el ofrecimiento de ventajas profesionales que solo están al alcance de los niveles más altos del escalafón.
Pruebas sonoras y la cronología del presunto acoso
Uno de los elementos más contundentes que se han puesto a disposición del juzgado es un archivo de audio. En esta grabación, se escucharía supuestamente al comisario San Juan instando a la inspectora a tomar una decisión sobre su futuro profesional. La secuencia temporal descrita en la querella sugiere una presión constante: múltiples llamadas en una sola jornada y mensajes de texto con un tono intimidatorio que la agente decidió ignorar sistemáticamente.
La tensión alcanzó su punto álgido cuando, tras un rechazo frontal de la víctima y su advertencia de emprender acciones legales, el asesor intentó desvincularse alegando un desconocimiento total de los hechos. Sin embargo, la inspectora fue tajante en su respuesta, señalando que la llamada solo se producía por órdenes directas del Director Adjunto Operativo, vinculando así la cadena de mando con el intento de encubrimiento.
La paradoja de la Medalla de Plata: Reconocimiento tras la polémica
Resulta especialmente polémico el hecho de que, pocos meses después de estos incidentes, el comisario Óscar San Juan fuera distinguido con la Medalla de Plata al Mérito Policial. Esta condecoración es una de las más altas que concede el Cuerpo y no es un simple honorífico: conlleva una gratificación económica vitalicia equivalente al 15% del salario base.
El contraste entre las fechas de las presuntas llamadas de coacción y la concesión de esta medalla ha generado una fuerte indignación interna. Se cuestiona si este reconocimiento fue una recompensa por la lealtad mostrada en la gestión del conflicto con la inspectora. Mientras el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska tramita ahora una información reservada, el proceso judicial determinará si estas acciones constituyen delitos de obstrucción a la justicia y acoso laboral.
La resolución de este caso marcará un precedente sobre la transparencia en la gestión de recursos humanos dentro de la Policía Nacional y sobre la capacidad de la institución para purgar comportamientos abusivos que utilicen el organigrama público como moneda de cambio para la impunidad personal.