El Ministerio del Interior atraviesa uno de sus momentos más críticos bajo el mandato de Fernando Grande-Marlaska. Lo que comenzó como una supuesta sorpresa institucional tras la denuncia contra el ex director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, se ha transformado en un terremoto de desconfianza que sacude los cimientos de la Policía Nacional. Mientras la versión oficial sostiene un desconocimiento total de los hechos, el rastro de decisiones administrativas y testimonios internos sugiere una realidad mucho más compleja y conectada con la cúpula policial.
Las fisuras en el relato de Interior: ¿Nadie sabía nada?
La narrativa de la «sorpresa absoluta» defendida por Marlaska y el director de la Policía, Francisco Pardo, ha perdido fuerza a medida que emergen detalles sobre la gestión interna del caso. A pesar de que el ministro calificó al ex DAO como un hombre de su máxima confianza —protegido incluso mediante reformas legales ad hoc—, la querella por agresión sexual presentada por una inspectora revela una cronología que difícilmente pudo pasar desapercibida para los altos mandos.
Fuentes internas del Cuerpo aseguran que el malestar es generalizado. La sospecha de que la Dirección General de la Policía estaba al tanto de la situación antes de que saltara a la luz pública es un secreto a voces en los pasillos de Canillas. Los movimientos para «encapsular» el problema parecen haber fracasado ante la contundencia de las pruebas aportadas por la víctima.
El mecanismo del silencio: Ofertas de destino y presiones
Uno de los puntos más oscuros de la denuncia no es solo la agresión en sí, sino la presunta maquinaria de encubrimiento que se activó posteriormente. Según el relato judicial, se intentó comprar el silencio de la inspectora mediante beneficios profesionales que solo podrían ser autorizados por cargos de alta responsabilidad:
- Destinos internacionales: Se señala a la comisaria principal Alicia Malo como la encargada de buscar una plaza de prestigio en el extranjero para la víctima, con salarios que pueden alcanzar los 15.000 euros mensuales.
- Intervención de asesores: El comisario Óscar San Juan, mano derecha del ex DAO, habría contactado reiteradamente con la agente para que eligiera cualquier puesto de trabajo a su conveniencia a cambio de no denunciar.
- Condecoraciones bajo sospecha: Llama la atención que, tras estas gestiones, el asesor fuera premiado con una medalla de plata pensionada, una distinción que ahora se observa bajo una lupa ética.
Las grabaciones: Pruebas clave en la vivienda oficial
El núcleo de la acusación se sustenta en audios y mensajes que la inspectora ha puesto a disposición del juzgado. Uno de los documentos más demoledores relata lo sucedido el 23 de abril de 2025 en la residencia oficial de González. La denuncia describe un escenario donde el ex DAO, aprovechando su superioridad jerárquica, habría forzado un encuentro sexual tras una cena, ignorando el rechazo explícito y continuado de la subordinada.
Más allá del asalto inicial, la víctima aporta registros de un acoso sistemático posterior. Estas grabaciones no solo implican al agresor, sino que capturan las conversaciones con otros mandos que intentaban disuadirla de emprender acciones legales. La existencia de estos audios convierte el caso en una bomba de relojería para el Ministerio, ya que sitúa a varios miembros de la Junta de Gobierno en una posición de posible complicidad u omisión de socorro.
La cadena de mando y el apoyo psicosocial
Otro elemento que contradice la versión de Marlaska es el paso de la víctima por la Subdirección de Recursos Humanos. Antes de que el escándalo estallara, la inspectora comunicó su incapacidad para trabajar debido a su salud mental a la comisaria Gemma Barroso. Fue puesta bajo el cuidado de un equipo psicosocial especializado, un protocolo que genera automáticamente informes que deberían haber escalado en la estructura de mando.
Resulta difícil de explicar cómo una inspectora de la unidad del DAO termina de baja psicológica y con el arma retirada sin que el máximo responsable de la seguridad del Estado reciba una alerta sobre las causas reales del conflicto, especialmente cuando el supuesto agresor era la persona con más poder operativo de la institución.
Un horizonte judicial y político incierto
La dimisión de José Ángel González no ha calmado las aguas. Sindicatos como Jupol y CEP ya han alzado la voz exigiendo que la depuración de responsabilidades llegue hasta el final, solicitando la salida de Francisco Pardo y del propio Marlaska. Por el contrario, otras organizaciones como el SUP apelan a la prudencia y a esperar la resolución de los tribunales.
En conclusión, el caso del ex DAO no es solo un asunto de presunta agresión sexual, sino un examen a la transparencia y ética de la actual cúpula de Interior. Si se demuestra que hubo un intento coordinado de silenciar a una subordinada mediante prebendas públicas, el impacto para el Gobierno será irreparable, dejando a Marlaska en una posición de extrema debilidad política.