Blindaje de la privacidad en la instrucción judicial contra el ex DAO
La defensa de la agente de policía que ha interpuesto una querella por presunta agresión sexual contra José Ángel González, anterior Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha solicitado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid un control férreo sobre el material probatorio. Esta petición de plena reserva busca detener la erosión de la privacidad de la víctima, cuya seguridad se ha visto comprometida tras la difusión no autorizada de información sensible.
El letrado Jorge Piedrafita, representante de la denunciante, ha formalizado un escrito donde denuncia la reprobable situación de vulnerabilidad que atraviesa la mujer. Debido a la exposición de sus datos personales, la agente ha tenido que ser asignada a un protocolo de escolta policial permanente para garantizar su integridad física, lo que subraya la gravedad de las filtraciones ocurridas hasta la fecha en el marco del procedimiento.
Protocolo estricto para la consulta de evidencias digitales
Para evitar que el material sensible termine en el dominio público, la acusación particular propone un método de acceso restringido a las pruebas. La intención es que cualquier consulta de los registros aportados se realice bajo las siguientes condiciones:
- Acceso exclusivo en sede judicial.
- Presencia obligatoria de la Letrada de la Administración de Justicia durante la revisión.
- Prohibición de copias externas que faciliten nuevas filtraciones de identidad.
- Salvaguarda total de los metadatos y contenidos de las comunicaciones personales.
Entre el material que se pretende proteger se encuentran grabaciones de audio, registros detallados de llamadas telefónicas y capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que sostendrían el relato de la querella. Estas evidencias fueron requeridas la semana pasada por el juzgado instructor para avanzar en la determinación de responsabilidades penales.
Peritaje técnico y verificación de autenticidad
Dada la relevancia del cargo que ocupaba el investigado, la defensa no solo busca protección, sino también una validez probatoria incuestionable. En previsión de que la defensa del ex DAO pueda impugnar la veracidad de los mensajes o los audios, se ha solicitado la intervención de especialistas de la Guardia Civil.
Se ha propuesto que agentes con formación en peritaje informático forense realicen el cotejo y análisis de los dispositivos. Este procedimiento técnico tiene como objetivo certificar que no ha existido manipulación alguna en los contenidos y asegurar que la cadena de custodia se mantenga intacta, blindando así el proceso judicial frente a posibles estrategias de desacreditación de la prueba digital.
En definitiva, la estrategia de la denunciante se centra ahora en transformar el entorno judicial en un espacio seguro, donde la seguridad jurídica y la protección personal prevalezcan sobre el impacto mediático del caso, garantizando que el juicio por la presunta agresión sexual se desarrolle con todas las garantías necesarias para una víctima que ya se encuentra bajo protección oficial.