La conmemoración del 45º aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha reabierto un debate profundo sobre la calidad democrática en España. Aunque el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha confirmado la desclasificación de documentos clave sobre aquella jornada, los socios de la coalición y aliados parlamentarios, IU y Podemos, han reaccionado con escepticismo, señalando que la medida no es más que un gesto parcial si no se aborda de raíz la normativa que protege el oscurantismo institucional.
Hacia la superación de la legislación de 1968
Para Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida, el anuncio del Consejo de Ministros de liberar archivos relacionados con el 23-F es una noticia positiva pero claramente incompleta. El núcleo del problema, según Maíllo, reside en que España sigue operando bajo una Ley de Secretos Oficiales heredada de la dictadura franquista. Esta norma, que data de 1968, es vista por las formaciones de izquierda como un anacronismo que impide el pleno conocimiento de la historia reciente del país.
Maíllo ha sido contundente al exigir que la reforma de esta norma se materialice antes de que finalice la actual legislatura. Su planteamiento no solo busca el acceso a la información sobre el golpe de Tejero, sino la instauración de una nueva cultura de transparencia que sustituya lo que él denomina como una «ley infame». La propuesta de IU implica que el Estado debe dejar de proteger bajo el velo del secreto materias que, tras décadas, solo pertenecen al ámbito del análisis histórico y la justicia social.
Podemos exige reducir los plazos de opacidad
Desde la formación morada, la postura coincide en el diagnóstico de insuficiencia. Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, ha remarcado que la desclasificación puntual no soluciona la falta de un marco legal moderno. La prioridad para Podemos es una reforma integral que establezca límites temporales mucho más estrictos para el mantenimiento de documentos bajo llave.
- Reducción drástica de los años de clasificación de documentos estatales.
- Mecanismos automáticos de apertura de archivos tras periodos determinados.
- Eliminación de las trabas administrativas que dificultan el trabajo de historiadores y periodistas.
El argumento central de Fernández se basa en que la transparencia no debe ser una concesión discrecional del Gobierno de turno, sino un derecho ciudadano garantizado por una ley que no tenga raíces en un sistema no democrático.
El reto legislativo del Gobierno de coalición
La presión ejercida por IU y Podemos pone al PSOE en una posición donde la simbología del 23-F ya no parece ser suficiente para satisfacer a sus aliados. La demanda de una nueva Ley de Secretos se presenta como uno de los grandes retos pendientes en la agenda de regeneración democrática. Mientras que la desclasificación de este martes se percibe como un avance necesario, el sector crítico del bloque de investidura advierte que mantener vigente la estructura normativa de 1968 es una deuda que la democracia española no puede seguir postergando.
En definitiva, el foco ha pasado de lo que ocurrió en las Cortes aquel 23 de febrero a lo que ocurre hoy en los despachos donde se decide qué parte de la historia sigue siendo materia reservada. La exigencia es clara: pasar de la desclasificación selectiva a una transparencia estructural y garantista.