El peso de la negligencia: Las víctimas de la dana exigen justicia en las Cortes
Catorce meses han tenido que transcurrir para que el eco de la tragedia del 29 de octubre de 2024 retumbara en el epicentro de la política valenciana. Las comparecencias en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas han servido para poner rostro y voz a un sentimiento unánime entre los damnificados: la convicción de que el impacto de la riada, que segó 230 vidas, no fue solo un capricho de la naturaleza, sino la consecuencia directa de una cadena de errores humanos e institucionales. El diagnóstico presentado por los colectivos de víctimas trasciende la crítica política superficial para señalar fallos estructurales en la prevención y una alarmante incapacidad de respuesta inmediata.
Infraestructuras olvidadas: Tres décadas de parálisis administrativa
Uno de los puntos más críticos abordados durante las sesiones ha sido el análisis de la red de infraestructuras hidráulicas. Diversos portavoces, entre ellos representantes de la asociación Tots a una Veu, destacaron que el desastre puso de manifiesto una deuda histórica del Estado con la seguridad de la región. Se recordó que proyectos vitales para el encauzamiento y drenaje de los barrancos del Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet estaban sobre la mesa desde 1994. Sin embargo, la burocracia paralizante y la caducidad de declaraciones de impacto ambiental en 2011 impidieron obras que, a día de hoy, se consideran fundamentales para la laminación de avenidas.
La crítica no se limitó a la falta de nuevas construcciones, sino que se extendió al deficiente mantenimiento de los cauces actuales. La acumulación de vegetación y sedimentos en los barrancos, cuya competencia principal recae en la Confederación Hidrográfica del Júcar, fue señalada como un factor multiplicador del poder destructivo del agua. Para los afectados, resulta inaceptable que actuaciones declaradas de interés general hace más de veinte años sigan siendo promesas incumplidas mientras los municipios viven bajo el estigma de la vulnerabilidad ante futuros episodios meteorológicos.
El colapso del sistema de alertas: Cuando la tecnología llegó tarde
Si hay un símbolo del fallo sistémico ese es el sistema Es-Alert. La coordinación de SOS Desaparecidos en la Comunidad Valenciana fue tajante al señalar que la excepcionalidad del fenómeno no justifica la demora en los avisos. La percepción ciudadana es de una quiebra total en la gobernanza de la emergencia; un escenario donde el tiempo de respuesta fue inversamente proporcional a la gravedad de la situación. La narrativa de los supervivientes describe una realidad donde la alerta oficial fue recibida cuando el lodo ya inundaba las plantas bajas de miles de viviendas, invalidando cualquier protocolo de autoprotección.
- Inexistencia de prealertas: Ausencia de comunicación efectiva hacia los ayuntamientos tras los primeros datos hidrológicos críticos.
- Falta de campañas de formación: Los municipios con riesgo alto no habían realizado simulacros ni campañas de sensibilización ciudadana.
- Brecha tecnológica: La preocupación por los dispositivos antiguos que no pudieron procesar los mensajes de emergencia de última generación.
Tres días de soledad: El sentimiento de abandono en l’Horta Sud
El relato de los damnificados de Alfafar y otras localidades de l’Horta Sud describe una situación de omisión del deber de socorro por parte de las administraciones en las horas posteriores al desastre. Durante al menos 72 horas, la sociedad civil se vio obligada a organizarse de forma autónoma ante la ausencia de un despliegue logístico y militar coordinado. Los testimonios de personas atrapadas en vehículos durante días, esperando un rescate que no llegaba, han generado una profunda desconfianza institucional que difícilmente se borrará con la reconstrucción material.
La «psicosis del barro» es hoy una realidad clínica en la comarca. La incertidumbre y la ansiedad persisten en una población que se siente desprotegida ante la falta de planes de actuación municipal claros. La exigencia de responsabilidades no nace de un afán de revancha partidista, sino de la necesidad de garantizar que el sacrificio humano de aquel 29 de octubre sirva para transformar radicalmente los protocolos de seguridad nacional.
Fricción política frente al imperativo de la reconstrucción
Finalmente, las víctimas denunciaron que la confrontación política entre el Gobierno central y la Generalitat agravó la sensación de caos. Durante los momentos más críticos, la opinión pública percibió a ambas administraciones más preocupadas por el relato mediático y el señalamiento mutuo que por la articulación de soluciones eficaces. Esta falta de sintonía palmaria es vista como una traición a la ciudadanía en su momento de mayor necesidad.
A pesar de la indignación, se observa con una mezcla de esperanza y escepticismo la reciente creación de la Comisión Mixta para la reconstrucción. Las asociaciones de víctimas han advertido que actuarán como observadores activos, fiscalizando cada euro invertido y cada obra ejecutada. La conclusión de las comparecencias es unívoca: no basta con limpiar el barro; es imperativo reconstruir la confianza en el sistema mediante la transparencia, la asunción de errores y la modernización urgente de una arquitectura de emergencias que, en octubre de 2024, simplemente dejó de funcionar.