La gestión de la información sensible en las altas esferas del Estado suele estar regida por protocolos estrictos, pero el caso de José Bono ha puesto de manifiesto las costuras de este sistema. El exministro de Defensa, que lideró la cartera entre 2004 y 2006, se ha jactado públicamente de poseer un archivo personal compuesto por aproximadamente 117.000 documentos. Esta acumulación masiva de papeles oficiales no pasó desapercibida para el Gobierno posterior, que bajo el mandato de Mariano Rajoy inició una investigación para determinar la naturaleza y el nivel de clasificación de dicha documentación.
El vacío legal de las fotocopias y el Código Penal
Uno de los puntos más críticos de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa en 2017 fue la imposibilidad de encajar las acciones de Bono en el marco de un delito tipificado. El artículo 413 del Código Penal español castiga severamente a quien robe, oculte o destruya documentos oficiales bajo su custodia. Sin embargo, la estrategia del exministro socialista fue, según las pesquisas, centrarse en la obtención de fotocopias en lugar de sustraer los originales.
Este matiz técnico generó un complejo agujero legal. Al no desaparecer el documento original de los archivos del Estado, la figura de la sustracción se diluye jurídicamente. Aunque la seguridad nacional pueda verse comprometida por la mera posesión de información reservada fuera de los cauces oficiales, el hecho de que Bono utilizara el servicio de reprografía sin dejar rastro por escrito de las peticiones dificultó enormemente cualquier acción judicial. Además, la prescripción de los posibles delitos, prevista para 2026, añade una capa de impunidad a un procedimiento que rompió con las normas de transparencia institucional.
Versiones enfrentadas: El incidente en el EMAD
La narrativa sobre cómo se nutrieron estos fondos personales varía drásticamente dependiendo de quién cuente la historia. En sus memorias, José Bono relata con un tono casi épico cómo llegó a «forzar» un archivador en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para hacerse con informes sobre el accidente del Yak-42, aprovechando que el entonces JEMAD no estaba presente. No obstante, testimonios de militares de alto rango ofrecen un relato mucho menos heroico y más preocupante.
- El general Pardo de Donlebún describió la entrada del ministro en las dependencias como la de «un elefante en una cacharrería».
- Se afirma que la extracción de documentos se realizó de manera compulsiva y sin seguir orden alguno.
- El personal militar presente intentó, sin éxito, que se siguiera el protocolo de cotejo y fotocopiado reglamentario para dejar constancia de la salida de información.
La vulneración del concepto «Necesidad de Saber»
En el ámbito de la inteligencia y la defensa, poseer la Habilitación Personal de Seguridad (HPS) no otorga carta blanca para acceder a cualquier informe. Existe un principio fundamental denominado «necesidad de saber», que dicta que un cargo solo debe acceder a la información estrictamente necesaria para el desempeño de sus funciones actuales. La investigación de 2017 detectó que Bono solicitó con frecuencia documentos que no guardaban relación directa con su actividad ministerial del momento.
La figura del edecán —ayudante de campo militar— fue clave en esta operativa. Según los testimonios recabados, era este subordinado quien, por orden directa de Bono, acudía a las secciones de archivo para solicitar copias. Lo inusual de la situación es que estas órdenes nunca se formalizaron mediante los procedimientos administrativos habituales, lo que impidió llevar un control real sobre el volumen de información clasificada que estaba siendo replicada para uso privado.
Destino de los fondos: De lo privado a lo institucional
Aunque una parte considerable de este archivo fue donada posteriormente a la Fundación Pablo Iglesias, la sospecha de que el exministro conserva información sensible para proteger su posición política sigue vigente. Este comportamiento ha sido interpretado por analistas de inteligencia como una medida de «seguro de vida» político, permitiéndole controlar la narrativa de su paso por el Gobierno mediante la administración selectiva de datos.
La investigación interna en Defensa concluyó finalmente sin sanciones, en parte por la falta de pruebas documentales de las órdenes impartidas y en parte por la mencionada naturaleza de las copias. Este caso deja un precedente inquietante sobre cómo la falta de rigor en los procesos de reprografía y archivo puede permitir que miles de documentos de carácter reservado terminen en bibliotecas particulares, lejos del control del Estado y bajo criterios de uso meramente personales.
Conclusión: Un reto para la arquitectura de seguridad del Estado
El legado de este episodio obliga a reflexionar sobre la necesidad de digitalizar y blindar los accesos a la documentación histórica y estratégica. La sustracción de información mediante fotocopias analógicas reveló una vulnerabilidad que el sistema de seguridad español no supo atajar a tiempo. Hoy, la custodia de la memoria institucional sigue siendo un terreno en disputa entre el derecho de un político a documentar su vida y el deber del Estado de proteger sus secretos oficiales frente a ambiciones personales.