La narrativa oficial sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha dado un vuelco significativo tras la reciente desclasificación de documentos del Ministerio de Defensa. Estos archivos arrojan luz sobre una de las incógnitas más persistentes de la Transición: el papel real de los servicios de inteligencia. Los informes revelan que el intento de asonada no solo fue conocido de antemano por miembros del Cesid (actual CNI), sino que existió una participación directa y un plan de apoyo logístico orquestado desde la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME).
Las sombras del Cesid: Una implicación operativa confirmada
Lejos de la imagen de una institución sorprendida por los acontecimientos, los documentos desclasificados sugieren que un grupo de élite dentro del servicio de inteligencia español tuvo un rol activo en la ejecución del golpe. Según el análisis de la documentación, seis integrantes de la AOME no solo habrían tenido conocimiento previo de las intenciones del teniente coronel Antonio Tejero, sino que diseñaron un apoyo operativo que se puso en marcha durante la jornada del asalto al Congreso.
La estrategia no terminó con el fracaso de la intentona. Los papeles de Defensa detallan cómo estos agentes intentaron borrar su rastro mediante la activación de una operación secundaria. Este movimiento de distracción buscaba ofrecer una justificación oficial a sus desplazamientos y acciones durante las horas críticas del 23-F, tratando de presentar como «seguimiento de rutina» lo que en realidad era una colaboración con los golpistas.
Nombres propios y la jerarquía de la unidad AOME
La desclasificación pone el foco en figuras específicas cuya vinculación con la trama ya no es una mera conjetura histórica, sino un dato respaldado por archivos estatales. Entre los implicados identificados en los informes se encuentran:
- Capitanes García Almenta y Gómez Iglesias, señalados por conocer los pormenores del plan antes de su ejecución.
- El sargento Miguel Sales y los cabos Monge Segura y Moya Gómez, quienes habrían formado parte de la ejecución operativa.
- El comandante José Luis Cortina, jefe de la unidad de élite, cuyo papel sigue siendo objeto de un intenso debate analítico.
Sobre la figura de Cortina, que fue absuelto en su día por la justicia militar, los nuevos documentos mantienen una postura ambivalente pero reveladora. Aunque el informe indica que no existe una prueba irrefutable de que conociera cada detalle de la asonada, subraya la existencia de indicios sólidos que apuntan a su connivencia o, al menos, a una supervisión tácita de los movimientos de sus subordinados.
El impacto de la desclasificación en la memoria histórica
Este hallazgo obliga a reevaluar la capacidad de control que el Gobierno de la época tenía sobre sus propios organismos de seguridad. El hecho de que agentes de una unidad de élite planificaran cómo encubrir sus actos mediante operativos ficticios demuestra una sofisticación en la desinformación que ha tardado décadas en salir a la superficie. La relevancia de estos papeles de Defensa radica en que transforman las sospechas de los historiadores en una realidad documentada, confirmando que el 23-F tuvo ramificaciones mucho más profundas dentro del aparato del Estado de lo que se admitió durante el juicio en Campamento.
En definitiva, la apertura de estos archivos del Ministerio de Defensa no solo aporta nombres y apellidos, sino que desvela la metodología de una traición institucional que puso en jaque a la joven democracia española. La implicación del Cesid, bajo el paraguas de la AOME, deja de ser una teoría de la conspiración para convertirse en un capítulo vergonzoso, pero necesario, de nuestra historia reciente.