Ofensiva legal contra la parálisis en el caso de ciberespionaje
El estancamiento de las investigaciones sobre el uso de software de vigilancia contra actores de la sociedad civil catalana ha derivado en un nuevo choque procesal. Òmnium Cultural ha formalizado un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona, buscando revertir el reciente archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 21. La entidad considera inaceptable que, tras años de procedimiento, la causa se cierre sin haber agotado las vías de investigación necesarias para identificar a los responsables del espionaje masivo.
La defensa de los afectados —entre los que se encuentran Marcel Mauri, Elena Jiménez y la periodista Txell Bonet— sostiene que el juzgado ha operado bajo una lógica de inacción. Según el escrito de apelación, la instrucción se ha caracterizado por ser superficial y carente de voluntad real para esclarecer los hechos, dejando desprotegidos a ciudadanos cuyos derechos fundamentales fueron vulnerados mediante la intrusión en sus dispositivos móviles entre 2018 y 2020.
Cuatro años de vacío instructorio y falta de diligencias
Uno de los puntos más críticos que Òmnium pone sobre la mesa es la ausencia total de actividad investigadora por parte del magistrado. El recurso subraya que el tiempo transcurrido no puede ser utilizado como un argumento para el sobreseimiento, especialmente cuando el propio juzgado ha evitado practicar gestiones básicas. Durante casi un lustro, no se han tomado declaraciones a las víctimas ni se ha cursado petición de información alguna a la empresa desarrolladora de Pegasus, NSO Group.
Para la organización, este vacío no es una consecuencia del azar, sino de una gestión procesal que califican de deficiente. Denuncian que se ha intentado responsabilizar a los querellantes del retraso, cuando la realidad apunta a una omisión de funciones judiciales. Òmnium recalca los siguientes puntos de inactividad:
- Ausencia de testificales de los perjudicados directos por la infección.
- Falta de requerimientos a organismos de seguridad estatales y europeos.
- Nula interlocución con las autoridades tecnológicas competentes para rastrear el origen de los ataques.
- Desatención a los plazos procesales que han acabado por asfixiar la causa.
El aval técnico internacional frente a la negativa de entrega de terminales
El archivo de la causa se fundamentaba, en parte, en la negativa de los afectados a entregar sus teléfonos móviles personales para un análisis forense policial. Sin embargo, Òmnium Cultural defiende esta postura como una medida de protección necesaria para evitar la revictimización. Sostienen que entregar los terminales comprometería de forma absoluta su privacidad y el secreto de sus comunicaciones, sin garantías de que la información no fuera utilizada para otros fines.
Además, argumentan que la prueba del delito ya es sólida y ha sido validada por expertos de prestigio global. Informes periciales emitidos por laboratorios de referencia han confirmado de forma inequívoca la presencia del malware en los teléfonos analizados. Entre los organismos que han acreditado estas infecciones se encuentran:
- CitizenLab, centro pionero en la detección de software de espionaje.
- Amnistía Internacional, a través de su laboratorio de tecnología.
- La Comisión de Investigación específica del Parlamento Europeo.
- El Síndic de Greuges en sus informes sobre libertades civiles.
Un estándar de investigación exigido por Naciones Unidas
La estrategia de Òmnium no solo se apoya en el derecho interno, sino que apela directamente al marco de los derechos humanos internacionales. Recuerdan que instituciones como la ONU y el Consejo de Europa han instado reiteradamente a las autoridades españolas a realizar indagaciones profundas, transparentes y efectivas sobre el uso de Pegasus. El cierre prematuro de la causa en Barcelona contravendría estos mandatos internacionales que exigen una tutela judicial efectiva para quienes han sufrido vigilancia ilegítima.
En conclusión, el recurso busca que la Audiencia de Barcelona obligue al juzgado de instrucción a retomar el hilo de la investigación. Para la entidad soberanista, el caso Pegasus no es solo una cuestión de espionaje individual, sino un síntoma de la degradación de la calidad democrática que requiere una respuesta judicial a la altura de la gravedad de los hechos denunciados.