El horizonte judicial para la antigua cúpula de Ferraz se ensombrece tras la última decisión del **Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid**. La magistrada Lidia Montaño ha fijado para el próximo **5 de febrero**, a las 11:00 horas, la declaración de quien fuera una pieza clave en la estructura del PSOE. El dirigente navarro deberá comparecer en calidad de **querellado** para responder por un presunto delito de **falso testimonio**, cometido supuestamente durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre la trama de corrupción conocida como caso Koldo.
Discrepancias entre el testimonio parlamentario y los hallazgos de la UCO
El origen de esta citación judicial se encuentra en la querella interpuesta por la asociación **Hazte Oír**, que detectó graves inconsistencias en el relato que el político ofreció en la Cámara Alta el pasado mes de abril. Durante aquella sesión, el investigado intentó distanciarse de los cabecillas de la red, asegurando que sus interacciones con **Koldo García** habían sido puramente testimoniales y que no mantenía vínculo alguno con el comisionista **Víctor de Aldama**.
Sin embargo, la realidad que arrojan los informes de la **Unidad Central Operativa (UCO)** de la Guardia Civil parece dibujar un escenario radicalmente distinto. Los investigadores han recopilado una serie de pruebas que contradicen la versión oficial ofrecida en sede parlamentaria:
- Existencia de **grabaciones de audio** que demuestran una comunicación fluida y constante entre el dirigente y el principal asesor de la trama.
- Indicios de una posible intermediación para facilitar el acceso de empresas específicas a contratos de **obra pública**.
- Evidencias de que el grado de conocimiento sobre las actividades de la red era muy superior al admitido públicamente.
- Uso de terceras sociedades o personas interpuestas para camuflar la relación comercial con los implicados.
El rechazo judicial a los intentos de archivo de la Fiscalía
La decisión de la juez Montaño de seguir adelante con la instrucción supone un revés para la estrategia de defensa del cargo socialista. Tanto los abogados del investigado como la propia **Fiscalía** habían solicitado el archivo inmediato de las actuaciones, argumentando que no existían bases sólidas para la imputación. No obstante, la magistrada ha sido contundente al rechazar estos recursos, señalando que existe una «desviación irreductible» entre lo que el compareciente afirmó conocer y lo que la realidad de los hechos investigados está revelando.
Para la instructora, el indicio de que se **faltó a la verdad** de manera sustancial es lo suficientemente sólido como para mantener la causa abierta. Cabe recordar que el delito de falso testimonio en una comisión de investigación parlamentaria es una infracción grave que puede acarrear penas de hasta **un año de prisión**, además de las consecuencias políticas obvias para la formación en el Gobierno.
Un calendario judicial marcado por las mordidas y las adjudicaciones
Este nuevo frente legal se suma a las investigaciones que ya pesaban sobre la gestión de determinados contratos públicos. El papel del ex secretario de Organización del PSOE está bajo la lupa debido a las presuntas **mordidas** que la red habría cobrado a cambio de influir en las adjudicaciones oficiales. La justicia intenta determinar si el dirigente dio instrucciones precisas para favorecer a ciertas corporaciones, actuando como un engranaje necesario dentro de la estructura corrupta.
La declaración del 5 de febrero será un momento decisivo para el avance del **caso Koldo**, ya que pondrá a prueba la resistencia de la versión oficial mantenida hasta ahora por el entorno del Ejecutivo. La resolución de este proceso determinará si el testimonio en el Senado fue un intento deliberado de **obstrucción a la justicia** o si el dirigente puede justificar las omisiones detectadas por la UCO en sus informes más recientes.