La reciente aprobación del paquete de medidas económicas del Gobierno de España ha generado una profunda indignación en las ciudades autónomas. El Partido Popular, a través de su diputada Sofía Acedo, ha alzado la voz contra lo que consideran un trato discriminatorio que deja a los ciudadanos de Ceuta y Melilla en una situación de vulnerabilidad financiera frente al resto del territorio nacional. La clave de este conflicto reside en la omisión del régimen impositivo especial en el nuevo decreto ley.
El impacto del IPSI frente a la rebaja del IVA
Uno de los puntos más críticos señalados por la formación popular es la nula mención al IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación), el tributo que sustituye al IVA en las ciudades autónomas. Mientras que en la península y Baleares se han aplicado reducciones impositivas para aliviar la carga de las familias, el Gobierno ha decidido ignorar la singularidad fiscal de estas regiones. Según Acedo, esta decisión supone un «hachazo» directo a la economía local, impidiendo que los melillenses y ceutíes se beneficien de las mismas bonificaciones que el resto de los españoles.
Esta desconexión normativa implica consecuencias tangibles en el día a día:
- Facturas energéticas: Los ciudadanos de estas ciudades no verán reducidos sus recibos de luz y gas en la misma proporción que en el resto del Estado.
- Desigualdad territorial: Se consolida una brecha fiscal que castiga la insularidad y la extrapeninsularidad.
- Cesta de la compra: Al no tocarse los tipos del IPSI, el alivio en productos básicos es inexistente bajo este decreto.
Críticas a la gestión de la Delegación del Gobierno
La diputada popular ha dirigido sus reproches directamente hacia Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla. Desde el PP se acusa a la representante socialista de defender unas medidas cuyo contenido, aseguran, desconocía profundamente en el momento de su presentación. Para la oposición, el hecho de que Ceuta y Melilla hayan quedado fuera del decreto puede responder a dos escenarios igualmente preocupantes: una negligencia administrativa o una decisión política deliberada que ignora las necesidades de ambas autonomías.
La falta de acción inmediata por parte de la Delegación del Gobierno para corregir este «despropósito» ha sido calificada como una dejación de funciones que obliga a los ciudadanos a seguir asumiendo los costes derivados de la crisis internacional y la inflación desbocada sin el respaldo de su administración más cercana.
La abstención del PP y la propuesta de deflactación del IRPF
El posicionamiento del Partido Popular en el Congreso, optando por la abstención, se fundamenta en la falta de sensibilidad del Ejecutivo hacia las propuestas de ahorro real. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que el decreto es «claramente insuficiente» al no abordar una reforma necesaria en el IRPF. Los populares sostienen que adaptar los tramos del impuesto a la inflación actual permitiría inyectar liquidez de forma inmediata en las familias más asfixiadas por los precios.
Además, el PP recuerda que muchas de las medidas adoptadas ahora —como la bajada del impuesto a los hidrocarburos o la reducción del IVA energético— llegan con un retraso injustificable. Según los cálculos presentados por la formación, si estas iniciativas se hubieran implementado cuando fueron propuestas originalmente, el ahorro para las familias españolas habría superado los 190 millones de euros.
Un decreto que llega «tarde y mal»
La perspectiva económica del Partido Popular subraya que el Estado está logrando una recaudación extraordinaria gracias al aumento de precios. Solo en el ámbito de los carburantes, se estima que el Gobierno ha obtenido 70 millones de euros adicionales desde el inicio del conflicto bélico. La negativa a reinvertir este excedente de forma equitativa en todas las comunidades y ciudades autónomas es, para Acedo, una muestra de la desconexión del Ejecutivo con la realidad de las calles.
En conclusión, el rechazo del PP a respaldar totalmente el decreto se basa en la defensa de una cohesión territorial que consideran quebrada. La formación insiste en que no pueden validar un documento que ignora sistemáticamente el régimen fiscal especial de Ceuta y Melilla, convirtiendo a sus residentes en ciudadanos de segunda frente a las políticas de alivio económico del Estado.