La situación legal de Álvaro Romillo se complica de forma exponencial. El responsable de la desaparecida plataforma Madeira Invest no solo enfrenta acusaciones por una estafa masiva de carácter piramidal, sino que ahora se le suma una investigación específica por un presunto delito fiscal que roza el millón de euros. Esta nueva derivada judicial nace tras el análisis de sus movimientos financieros durante el ejercicio de 2022, un periodo en el que su actividad en redes sociales y sus negocios paralelos habrían generado ingresos millonarios opacos al fisco.
El laberinto tributario: Un millón de euros en el punto de mira
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha decidido abrir una pieza separada tras recibir informes técnicos de la Agencia Tributaria. Según los datos analizados, Romillo habría ocultado sistemáticamente los beneficios derivados de su éxito mediático y empresarial. La cifra del fraude estimado es contundente:
- Un impago del IRPF que asciende a 906.919 euros.
- Un fraude adicional en concepto de IVA que supera el medio millón de euros.
- Ingresos totales declarados incorrectamente que rondan los tres millones de euros anuales.
Lo relevante de este caso es que los investigadores consideran que Romillo utilizó un complejo entramado societario para desviar el dinero y evitar que Hacienda detectara el origen real de sus fondos. La tesis judicial sostiene que el empresario actuaba como el motor principal de estos ingresos, pero los diluía a través de firmas instrumentales para reducir su carga tributaria de forma ilícita.
Manual de elusión: Las tácticas para engañar al sistema
Más allá de las cifras, el auto judicial revela una faceta perturbadora de la operativa de Romillo. El empresario no solo habría evitado sus propias obligaciones, sino que hacía proselitismo de técnicas de ingeniería fiscal agresiva a través de su portal digital. Entre las estrategias que se le atribuyen para burlar el control estatal destacan:
- El uso de testaferros, registrando propiedades a nombre de familiares o conocidos.
- La simulación de residencias fiscales en el extranjero para eludir la normativa española.
- La creación de sociedades pantalla en jurisdicciones opacas para ocultar beneficios.
- La inflación artificial de gastos operativos para reducir la base imponible de sus empresas.
Este comportamiento refuerza la tesis de una organización diseñada con el propósito deliberado de operar fuera de los márgenes de la ley, utilizando la apariencia de modernidad financiera para ocultar prácticas de fraude fiscal tradicional.
Conexiones políticas y el colapso de Criptospain
La figura de Álvaro Romillo saltó a la primera línea informativa no solo por sus negocios, sino por su vinculación con el eurodiputado Luis Pérez «Alvise». Se investiga la entrega de 100.000 euros al político, un movimiento que añade una capa de complejidad política a un caso eminentemente financiero. Sin embargo, el núcleo duro de la causa sigue siendo la supuesta estafa piramidal orquestada bajo el nombre de Criptospain.
La plataforma Madeira Invest seducía a los ahorradores con la promesa de invertir en activos tangibles de lujo, como relojes de alta gama, lingotes de oro o inmuebles exclusivos. Bajo la promesa de una rentabilidad mínima del 20 %, más de 3.000 inversores depositaron su confianza en el sistema. La realidad, según la investigación, era un vacío absoluto: el dinero no se invertía, sino que se desviaba a cuentas controladas por la cúpula de la organización para sostener un estilo de vida fastuoso y alimentar la estructura criminal.
Impacto social: Miles de víctimas y millones en pérdidas
El balance provisional de la Audiencia Nacional es desolador para los afectados. Se estima que el agujero patrimonial alcanza los 185 millones de euros. La caída del imperio de Romillo ha dejado a miles de familias en una situación de vulnerabilidad extrema, muchas de ellas representadas ahora por colectivos jurídicos como Zaballos Abogados para intentar recuperar parte del capital evaporado.
En conclusión, el cerco sobre el creador de Madeira Invest se estrecha desde dos flancos: el de los delitos contra la Hacienda Pública y el de la estafa masiva. Mientras la justicia intenta desentrañar el destino final de los fondos, el caso Romillo se asienta como uno de los mayores escándalos financieros de la década, poniendo en entredicho la seguridad de las plataformas de inversión no reguladas en el entorno digital actual.