Presupuesto y música: ¿En qué se gastaron los 4.300 euros del Congreso?
La transparencia institucional ha permitido conocer recientemente el impacto económico que supuso para el Congreso de los Diputados la organización del homenaje a los últimos ejecutados por la dictadura. Con un coste total de 4.325,78 euros, el grueso de la inversión no se destinó a logística pesada ni a grandes despliegues de seguridad, sino a la producción cultural del evento. Según los datos obtenidos vía transparencia, la partida más cuantiosa fue la dedicada a la interpretación musical, que ascendió a 3.630 euros.
Este gasto principal cubrió la actuación del cantautor Pedro Pastor y el guitarrista Álvaro Navarro, quienes interpretaron piezas simbólicas como «Sin flor» y «Los olvidados». El resto del presupuesto se fragmentó en partidas menores destinadas a cubrir la movilidad de los participantes y los honorarios de la moderación:
- Honorarios de moderación (Patricia Simón): 250 euros.
- Desplazamientos de ponentes y músicos: aproximadamente 445 euros.
- Gastos adicionales de gestión y dietas menores.
Controversia política: Terrorismo frente a memoria histórica
El acto no estuvo exento de una profunda fractura en el arco parlamentario. La ceremonia, celebrada el pasado mes de octubre, supuso la primera vez que la Cámara Baja dedicaba un espacio exclusivo a los cinco fusilados el 27 de septiembre de 1975. El reconocimiento a Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz (miembros del FRAP), junto a Jon Paredes ‘Txiki’ y Ángel Otaegui (militantes de ETA), provocó el rechazo frontal del Partido Popular y Vox.
Para la oposición, la utilización de fondos públicos para este fin supone una «heroicización» de figuras vinculadas al terrorismo, obviando el historial violento de las organizaciones a las que pertenecían. Sin embargo, desde la presidencia de la Cámara y los sectores impulsores de la Ley de Memoria Democrática, se defendió que el objetivo no era exaltar sus acciones, sino señalar la falta de garantías procesales y la brutalidad del régimen en sus estertores finales.
El discurso de Armengol: Un duelo nacional inacabado
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, aprovechó la jornada para lanzar un mensaje contundente sobre la necesidad de no dar marcha atrás en las políticas de reparación. Bajo su punto de vista, España todavía transita por un «duelo silenciado» que requiere de la plena aplicación de las leyes vigentes. Armengol subrayó que la democracia tiene una deuda pendiente con los más de 11.000 desaparecidos que aún yacen en fosas comunes y cunetas por todo el territorio nacional.
Durante su intervención, la presidenta destacó que «87 años después seguimos buscando restos», un dato que utilizó para justificar el uso de recursos políticos y económicos en la recuperación de la verdad histórica. La presencia de supervivientes de la guerrilla antifranquista y familiares de los fusilados en la tribuna reforzó el carácter institucional que se le quiso otorgar a la reparación de estas víctimas, en un contexto de creciente polarización sobre la interpretación del pasado reciente de España.
El papel de Sumar y la revisión de los hechos históricos
La iniciativa de este homenaje forma parte de una estrategia más amplia liderada por Sumar, formación que ha presionado para elevar estos reconocimientos al rango de «homenajes de Estado». La intención del grupo parlamentario es institucionalizar el recuerdo de todas aquellas personas ejecutadas por motivos políticos, ideológicos o de conciencia durante la dictadura, incluyendo colectivos perseguidos por su orientación sexual.
Un punto de fricción adicional durante el evento fue la participación del escritor Roger Mateos. Su presencia fue cuestionada por sectores que critican su revisión de los atentados cometidos por el FRAP, especialmente en lo relativo a la autoría de asesinatos de agentes del orden. Este debate evidencia que, más allá del coste económico de 4.300 euros, el verdadero precio de estos actos se mide en la tensión política y en la dificultad de consensuar una narrativa común sobre el final del franquismo y el inicio de la Transición.
Conclusión: Una inversión en memoria con alto coste político
En definitiva, el gasto de la Cámara Baja refleja una apuesta decidida por la agenda de memoria democrática impulsada por el actual Gobierno y sus socios. Mientras que el desglose contable muestra una inversión moderada en términos presupuestarios globales, el impacto simbólico de homenajear a perfiles vinculados a ETA y el FRAP dentro de las instituciones del Estado sigue siendo un foco de conflicto que reabre heridas no cerradas en la sociedad española. La pregunta que queda en el aire es si estos actos contribuyen a la reparación de las víctimas de la dictadura o si, por el contrario, profundizan la brecha de la convivencia parlamentaria.